¿Somos los Ciudadanos la vaca que el capital ordeña?
En los últimos tiempos vemos como se pone de manifiesto el interés de las aseguradoras privadas por hacerse con el control de los hospitales públicos, sobre todo en las Comunidades de Madrid y Valencia, y de como en Galicia y en otras comunidades gobernadas por el Partido Popular empieza a haber movimientos en el mismo sentido. El fin de cualquier empresa privada es el de ganar dinero con la empresa adquirida, y en ello están, cambiando la prioridad del modelo sanitario español, desde una sanidad en igualdad para todos los que en ella habitan, hacia otro en que se introducen exclusiones al modelo, por ejemplo con los inmigrantes, y en el que la salud pasa al segundo plano, colocándola tras el beneficio empresarial.
De el periódico digital El Diario.es, en el artículo firmado por Raul Rejón, extraemos lo siguiente:
"La privatización de hospitales pone en manos de empresas miles de datos médicos personales que descansan en los sistemas de la sanidad pública. Historias clínicas de pacientes que pasan por el sistema de salud y que son accesibles para las sociedades que entran a los modelos de cesión del servicios implantados especialmente en Madrid y la Comunidad Valenciana. El uso de esos datos preocupa a algunos".
El problema radica en que las empresas a las que se les concede la adjudicación de estos hospitales públicos, operan también como aseguradoras, y estas últimas pueden acceder a los contenidos del historial clínico de los pacientes, en los que hay datos sensibles.
Ilustremos lo que digo con un ejemplo. Acudo a una aseguradora para hacerme un seguro de vida. Esta, antes de presentarme una propuesta, entra en mi historial clínico, en el cual se puede leer que fui fumador durante 15 años, y que tuve una angina de pecho hace tres.
Esto hará que el precio de la póliza se pueda multiplicar por dos o por tres por el hecho del conocimiento de estos datos sacados de mi historial médico. El mismo diario digital dice un poco después:
"El solapamiento de intereses viene al existir concesionarias que funcionan como aseguradoras privadas al tiempo que entran en la red pública. Esos datos sensibles quedan a disposición de empresas. La adjudicación de la actividad sanitaria en España está yendo a sociedades dedicadas a dar servicios -como son Capio Sanidad o Ribera Salud- pero también han entrado en el mercado aseguradoras como DKVo Sanitas -esta última está en pleno concurso para gestionar un hospital en Madrid donde ya dirige otro además del valenciano de Manises, ambos adquiridos mediante compraventa de acciones a la contratista original: Ribera Salud-. En la Comunidad Valenciana, además, están implantados en los departamentos de Atención Primaria".
Y añade:
Y añade:
"La cuestión es que una empresa como por ejemplo Sanitas, puede conocer los datos médicos de un potencial cliente a la hora de firmarle una póliza o determinar el precio de una prima porque está dento del sistema madrileño de salud", alerta el portavoz socialista de sanidad en Madrid -y antiguo consejero del ramo en el País Vasco- José Manuel Freire".
Ya hay comunidades que se están preparando en este sentido, introduciendo potentes sistemas informáticos inter-conectando la información ya digitalizada de los centros. Nos dice El Digital.es:
"El de la Comunidad de Madrid, se llama Horus, e intercontecta a los hospitales de la región. Añade El Diario.es que es necesario que cualquier historia sea accesible desde cualquier centro para satisfacer la ley de Libre Eleccion de Especialista implantada en 2010. Freire alerta de que las aseguradoras a las que la Administración cede el servicio hospitalario tienen acceso a esta fuente de información. El contrato del centro establece que "el adjudicatario deberá observar el secreto profesional respecto de los datos personales objeto de tratamiento, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento de los servicios prestados, no comunicando a ningún tercero, ni siquiera para su conservación, los dados facilitados por la Consejería de Sanidad o sus Organismos dependientes como responsable del fichero. Esta obligación subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo".
Ya hay comunidades que se están preparando en este sentido, introduciendo potentes sistemas informáticos inter-conectando la información ya digitalizada de los centros. Nos dice El Digital.es:
"El de la Comunidad de Madrid, se llama Horus, e intercontecta a los hospitales de la región. Añade El Diario.es que es necesario que cualquier historia sea accesible desde cualquier centro para satisfacer la ley de Libre Eleccion de Especialista implantada en 2010. Freire alerta de que las aseguradoras a las que la Administración cede el servicio hospitalario tienen acceso a esta fuente de información. El contrato del centro establece que "el adjudicatario deberá observar el secreto profesional respecto de los datos personales objeto de tratamiento, manteniendo absoluta confidencialidad y reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasión del cumplimiento de los servicios prestados, no comunicando a ningún tercero, ni siquiera para su conservación, los dados facilitados por la Consejería de Sanidad o sus Organismos dependientes como responsable del fichero. Esta obligación subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o, en su caso, con el responsable del mismo".
Por otro lado, una aseguradora se dedica a vender pólizas para el sector privado sanitario. "Esto hace que trabaje a ambos lados e incluso que exista el riesgo de que pueda gestionar a sus asegurados tanto públicos como privados al mismo tiempo", incide Freire. Con esta alerta se refiere a, por ejemplo, posibles derivaciones de pacientes bajo su gestión al hospital público de dirección privada que reciba en concesión: "Cada tratamiento que le llegara desde zonas de Madrid que no sean de referencia de ese hospital suponen ingresos extra".
Sanitas se mantiene al margen de esta posible incompatibilidad de intereses. En Galicia mientras tanto, ya están informatizados todos sus hospitales, así como la atención primaria, por lo que, una vez realizadas estas costosas inversiones, ya son un buen bocado para las aseguradoras privadas para hacerse con la gestión de sus centros y de esta manera, tener acceso a sus bases de datos. También han empezado a establecerse los primeros contactos entre la Administración y las empresas privadas de cara a analizar la posibilidad de que puedan ser gestionados los centros sanitarios públicos por estas empresas.
Estos intereses cruzados permitirían que las empresas asistieran tanto a asegurados públicos como privados al mismo tiempo, lo que podría dar lugar a derivaciones de pacientes bajo cobertura en hospital público a hospitales publicos pero de dirección privada que tuvieran en concesión para su intervención o tratamiento, e incluso dirigirlos a centros de otra comunidad gestionados por la empresa privada, lo que le supondría a esta ingresos adicionales.
En resumen, no se trata unicamente de si va a ser mejor o peor la asistencia, ni tampoco de si por la gestión privada va la Administración a obtener un ahorro. Hay beneficios colaterales que les van a proporcionar a las aseguradoras pingües beneficios por el acceso a la información de historial clínico de las personas y en el impacto que esto pueda tener a la hora de aceptar o rechazar la inclusión de determinados grupos de personas, así como el encarecimiento de sus pólizas.
Vemos en hechos como este, un mecanismo mas para la empresa privada pudiera obtener lucro (ordeño) por la atención sanitaria de los ciudadanos, con la disculpa "evitar perder menos dinero o no perderlo al mejorar la eficiencia de la gestión", y si obtener el mayor rédito posible con una adecuada gestión dirigida a la consecución de sus fines. Al fin y al cabo, ¿no habíamos dicho que el fin principal de una empresa es ganar dinero?, pues esto es. Al fin y al cabo es la política neoliberal la que promueve una re-orientación radical de los servicios públicos hacia la obtención de beneficios por su gestión a cargo de entidades privadas tras la privatización de los mismos, negando el principio de solidaridad tanto económica como social la la hora de financiar y proveer de estos servicios a la sociedad. El término la privatización abarca tanto los aspectos de lo que es la transferencia de lo público hacia lo privado (bienes, dotación financiera y personal) como en la capacidad de las empresas para regular su actividad y por ende la prestación de sus servicios.
Añado a continuación un Capítulo, el nº 10, de un informe elaborado por expertos por encargo de Comisiones Obreras, escrito por uno de ellos. En concreto el Dr. Carlos Ponte, Jefe de la U.C.I del H.G.A., y que merece la pena ser leído con detenimiento, pues nos proporciona muchas de las claves sobre las que se fundamentan estos cambios.
Estos intereses cruzados permitirían que las empresas asistieran tanto a asegurados públicos como privados al mismo tiempo, lo que podría dar lugar a derivaciones de pacientes bajo cobertura en hospital público a hospitales publicos pero de dirección privada que tuvieran en concesión para su intervención o tratamiento, e incluso dirigirlos a centros de otra comunidad gestionados por la empresa privada, lo que le supondría a esta ingresos adicionales.
En resumen, no se trata unicamente de si va a ser mejor o peor la asistencia, ni tampoco de si por la gestión privada va la Administración a obtener un ahorro. Hay beneficios colaterales que les van a proporcionar a las aseguradoras pingües beneficios por el acceso a la información de historial clínico de las personas y en el impacto que esto pueda tener a la hora de aceptar o rechazar la inclusión de determinados grupos de personas, así como el encarecimiento de sus pólizas.
Vemos en hechos como este, un mecanismo mas para la empresa privada pudiera obtener lucro (ordeño) por la atención sanitaria de los ciudadanos, con la disculpa "evitar perder menos dinero o no perderlo al mejorar la eficiencia de la gestión", y si obtener el mayor rédito posible con una adecuada gestión dirigida a la consecución de sus fines. Al fin y al cabo, ¿no habíamos dicho que el fin principal de una empresa es ganar dinero?, pues esto es. Al fin y al cabo es la política neoliberal la que promueve una re-orientación radical de los servicios públicos hacia la obtención de beneficios por su gestión a cargo de entidades privadas tras la privatización de los mismos, negando el principio de solidaridad tanto económica como social la la hora de financiar y proveer de estos servicios a la sociedad. El término la privatización abarca tanto los aspectos de lo que es la transferencia de lo público hacia lo privado (bienes, dotación financiera y personal) como en la capacidad de las empresas para regular su actividad y por ende la prestación de sus servicios.
Añado a continuación un Capítulo, el nº 10, de un informe elaborado por expertos por encargo de Comisiones Obreras, escrito por uno de ellos. En concreto el Dr. Carlos Ponte, Jefe de la U.C.I del H.G.A., y que merece la pena ser leído con detenimiento, pues nos proporciona muchas de las claves sobre las que se fundamentan estos cambios.
CAPÍTULO 10
NEOLIBERALISMO Y
SISTEMA SANITARIO EN ESPAÑA
Carlos Ponte
Jefe de la UCI-HGA de Oviedo
“Asociación para la Defensa de la Sanidad
Pública de Asturias”
En el momento de redactar este capitulo, la
crisis económica iniciada en los Estados Unidos, plantea grandes incertidumbres
sobre el futuro económico y político del mundo. Un verdadero cataclismo de la arquitectura
financiera internacional que arrastra a toda la economía de los países
desarrollados. La gigantesca burbuja del capitalismo financiero y la edad
dorada de Wall Street han terminado por explotar, con el telón de fondo de la superproducción
del actual sistema económico, lo que explica la dimensión y la profundidad de
la crisis. No parece aventurado adelantar que estamos en el episodio final de
una era del capitalismo, del fin del neoliberalismo, rector del proceso de
globalización. Eminentes economistas como Paul Samuelson o Stiglitz, aseguran
que nada volverá a ser como antes.
Durante más de treinta años, los
fundamentalistas del mercado repitieron que la globalización y el capitalismo
financiero eran la única alternativa. Durante años se dijo que el Estado no era
la solución sino que era el problema. Pero ahora regresa el Estado. La crisis
ocurre, además, con la ausencia de las izquierdas, huérfanas de teoría y con
escasa presencia política, en particular en Europa, para poder influir en la
marcha de los acontecimientos. Pero hay una cosa de la que podemos estar
seguros: La etapa más irracional, insostenible social y ecológicamente, de la globalización
neoliberal ha llegado a su fin.
Hasta la fecha, el neoliberalismo ha
representado un nuevo modelo
de relaciones políticas y económicas, con
suficiente capacidad para reemplazar el viejo orden heredado de la segunda
guerra mundial y las sociedades de bienestar. El paradigma neoliberal
dominante, formulado por el Consenso de Washington, acometió la sustitución del
estado benefactor, culpable del estancamiento económico: “la década perdida de
los ochenta”, del déficit fiscal y de la ineficiencia de los servicios públicos,
para permitir el libre acceso a los capitales transnacionales, privilegiando el
valor financiero respecto al productivo. El Estado abandonó paulatinamente su
papel de garante de los derechos sociales, delegando su capacidad reguladora al
“libre mercado” y responsabilizando a los individuos del acceso a la salud, a
la educación y a la seguridad social. Con la consecuencia de cuestionar los
bienes sociales básicos, conquistados como derechos, para transformarlos en
mercancías.
Respecto a los servicios públicos, el
neoliberalismo ha promovido su reformulación radical para reorientarlos hacia
la lógica del beneficio. Es decir, privatizar los servicios, negando el
principio de la solidaridad económica y social en su financiación y provisión.
El término privatización se utiliza aquí en sentido amplio: la transferencia de
lo público a lo privado, que incluye no sólo la propiedad pública sino también
la producción y la regulación de la actividad... Pero no caben explicaciones
simples, las políticas de salud del neoliberalismo han sido el resultado de la
interacción de múltiples factores con distinta traducción según en qué áreas
geográficas y países. Se trata de políticas transversales, adaptadas a cada
espacio a través de diferentes circuitos: instituciones internacionales,
políticas supranacionales y gubernamentales, actividades de las
multinacionales; son canales que no han estado necesariamente coordinados,
generando, con frecuencia,
contradicciones entre los distintos
agentes, lo que, en buena medida, explica el auge de políticas “intermedias”
que ponen énfasis en “la cooperación” (“partnership”) público-privada, que
mantienen cierto grado de cobertura pública y que generan, además, menor
oposición política.
Una de las vías fundamentales del
neoliberalismo es la conexión del mundo sanitario con el modelo consumista de
la sociedad. El centro de gravedad de la atención sanitaria se traslada de las
necesidades de salud al consumo sanitario, el paciente se transforma en cliente
y genera una demanda incesante: médicos y tecnología sanitaria en los centros comerciales,
a la puerta de cada casa, etc. En este contexto, los servicios sanitarios, como
productores de bienes de consumo, pierden su finalidad de ganancia en salud y
entran en contradicción con la racionalidad
inherente a los sistemas sanitarios
públicos, que no tienen capacidad para adaptarse a este tipo de requerimientos.
Hace años, Milton Terris, epidemiólogo
norteamericano, resumía la
política neoliberal en el ámbito de la
sanidad como la “tríada neoliberal”:
1. Disminución del Estado y del gasto
público con la generalización de Copagos.
2. Expansión del sector privado de la
salud.
3. Desregulación del sector público con
fragmentación de los servicios, introducción de mecanismos de competencia y
establecimiento de “mercados internos”.
El esquema de Terris, sigue siendo valido,
aunque se ha diversificado y adaptado a las posibilidades derivadas de cada
situación política. Así, ha oscilado entre la privatización directa de los
servicios sanitarios y variadas fórmulas de competencia gestionada (mercado
interno de Einthoven).
Las propuestas se basan en dos premisas
ideológicas: las supuestas virtudes del mercado a la hora de la provisión de
los servicios sanitarios y la búsqueda de eficiencia económica en los centros
sanitarios.
1. La influencia del neoliberalismo en la
sanidad española
El sistema sanitario en España, definido
hasta la fecha como un Servicio Nacional de Salud, es el propio de un estado
social y democrático, vinculado a la Seguridad Social, con financiación publica
de naturaleza solidaria, cobertura de toda la población, prestaciones gratuitas
y funcionamiento descentralizado bajo la responsabilidad de las Comunidades
Autónomas.
Los últimos 20 años del Sistema Nacional de
Salud han sido decisivos para su afianzamiento como servicio publico, clasificado
como uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo (7º lugar, OMS). Este
alto grado de reconocimiento, en opinión de Sánchez Bayle, se apoya en los siguientes
argumentos: Su gratuidad y accesibilidad - con independencia de la condición
social, económica o geográfica –, la financiación y provisión pública de sus
servicios y una red básica de Atención Primaria que da cobertura a toda la
población. Sin embargo, en paralelo y en contradicción con este proceso de
consolidación, se han promovido iniciativas reiteradas en dirección opuesta.
Estas iniciativas son ahora de ámbito autonómico al amparo de la
descentralización sanitaria, que ha creado 17 sistemas sanitarios
independientes, en los que el signo
político que gobierna la Autonomía es
determinante de la conformación y funcionamiento de los servicios sanitarios.
En algunas Comunidades Autonómicas, los procesos privatizadores han adquirido
en los últimos años un ritmo vertiginoso, como es el caso de Madrid y Valencia.
La primera advertencia sobre una
orientación diferente de la política
sanitaria vino de la mano de una comisión
parlamentaria, creada en 1991, para analizar los problemas de la sanidad
española con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Sus conclusiones,
conocidas como el “Informe Abril” planteaban un escenario de mercado interno
que finalmente no se llevó a la práctica. Con posterioridad, se fueron poniendo
en marcha diferentes iniciativas como la separación de financiación de
provisión (la primera fue la ley catalana), la puesta en marcha de las
Fundaciones Sanitarias, etc. La diversidad de formulas privatizadoras en la
gestión, el
aseguramiento y la provisión de servicios
es el denominador común de todas estas iniciativas.
2. El auge de la sanidad privada
La sanidad privada ha dado un giro radical
en España en los últimos años. Han nacido grandes grupos hospitalarios al
abrigo de los seguros médicos privados. Más de diez millones de personas ya
tienen algún tipo de póliza de salud en España. Un sector emergente por su
rentabilidad, con una etapa sostenida de expansión económica, tanto en
actividad como en volumen de negocio, refugio atractivo incluso para fondos de
capital riesgo. Una seria amenaza para el sector público.
Frente al anterior marco atomizado con más
de 100.000 empresas,
más de la mitad sin asalariados, de pobre
inversión y baja rentabilidad, la nueva medicina privada es «una realidad
empresarial sumamente atractiva» según afirma la consultora Price Waterhouse
Coopers, con proyectos empresariales fuertes, concentración de capital (sobre
todo financiero), tecnologías de vanguardia, servicios integrales y menor dependencia
de la contratación con el sector público. Su facturación se estima en
más de 22.000 millones de euros que representan el 2,52% del
PIB, comparable a otros sectores
importantes de la economía nacional, como energía o agricultura). La alta tasa
de crecimiento le otorga un impacto cada vez mayor en la economía nacional.
Figura 1.5. Porcentaje del PIB que los
países destinan a la sanidad (OCDE)
Si el peso del sector público en el gasto
sanitario se situaba en el
78,7% del gasto sanitario en 1990, en 2005
se había reducido al 71,4%.
Según la OCDE, el gasto sanitario público
es bajo mientras que gasto del sector sanitario privado es alto, con relación
al resto de países europeos con renta parecida a la española. El Barómetro
Social corrobora esta tendencia: el gasto sanitario privado ha pasado del
24,5%, en 1994, al 28,8%, en 2006.
El éxito de los hospitales privados va de
la mano de la explosión del
seguro privado. De ahí procede el 60% de
sus ingresos, mientras que los conciertos con los Servicios de Salud suponen
menos del 30%, y cerca del 10% es privado puro. En contra de la generalidad de
las previsiones, el cliente privado puro, lejos de desaparecer ha apuntalado su
presencia en el mercado, en buena medida porque las clínicas privadas se
convierten cada vez más en centros multiservicios de medicina preventiva (léase
“chequeos”), “wellness”, medicina turística, reproducción asistida o cirugía
estética... Los pacientes privados “de pago” superan el millón de
personas.
Globalmente, la tasa de empleo del sector
sanitario privado crece
más que en el sector público, ocupando a
más 310.000 personas, un 1,29 de la población activa, un 1,44 % de la población
ocupada y un 30% del total de ocupación del sector sanitario. Aproximadamente
50.000 médicos ejercen la sanidad privada, casi un tercio de los 144.000
médicos en activo. Según los datos publicados, más de un 30% compatibilizan su
ejercicio en la sanidad privada con la pública. Por ejemplo, el 50% de los
profesionales sanitarios madrileños se decantan por trabajar en la sanidad
privada para “la obtención de ingresos”. Además, un 40% de los profesionales de
la comunidad “no considera mejores las condiciones laborales de la pública”.
La expansión del sector privado es muy
desigual, como expresión
de las diferencias políticas entre CCAA,
con influencia decisiva en la evolución de la sanidad. También tiene cierto
grado de influencia el nivel socio-económico de la población. Madrid, Valencia,
Cataluña, y Baleares son las comunidades más privatizadas.
Es interesante reseñar un reciente estudio
Delphy de la consultora Áliad sobre las expectativas del sector privado. Sus
principales conclusiones son las siguientes:
-La sanidad privada aumentará su
representatividad en la sanidad
española y crecerá la proporción de
pacientes que prefiera la oferta de sanidad privada.
-El capital no sanitario aumentará su
inversión en sanidad privada,
con mayor concentración empresarial de
grandes grupos sanitarios
extranjeros.
-El sector privado se especializará en
determinadas prestaciones.
-La sanidad pública tenderá a privatizar su
gestión y a externalizar los procesos no asistenciales.
2. El desembarco de las multinacionales
Tradicionalmente, las multinacionales en el
SNS controlan el mercado de las tecnologías sanitarias (medicamentos incluidos)
sin apenas vestigios de presencia pública en este terreno. Pero, en el ámbito
del aseguramiento y provisión de servicios, la emergencia de las
multinacionales en España es muy reciente. Estas “nuevas” multinacionales
operan diversificando su actividad en los seguros, los hospitales, los
laboratorios y los servicios de apoyo. Aunque las empresas de los cuidados de
la salud no tienen, la misma pujanza que las de otros sectores (incluyendo
servicios del sector público como el agua, la gestión medio ambiental o la
energía), es indudable (ya ha ocurrido en otros países) que la atención
sanitaria es un espacio muy prometedor para crear “valor” en forma de beneficios.
Y los beneficios sólo se pueden obtener empeorando las condiciones laborales de
las plantillas (salarios, jornada, ritmo de trabajo, derechos), recortando la
calidad las prestaciones o induciendo demanda artificial (“medicalización”).
Las “nuevas” multinacionales establecidas
en España, por orden de
importancia, son las siguientes:
- Grupo Capio.
Uno de los principales proveedores europeos de asistencia sanitaria, líder del
mercado en Suecia y España, cuarto en el Reino Unido y segundo en Francia.
Tiene presencia en Noruega, Finlandia, Dinamarca y Alemania y también está
ligado a actividades inmobiliarias.
Creado en 1993, de origen sueco, tiene una
facturación anual superior a 12.000 millones de coronas suecas (1.200 millones
de euros) y 14.000 empleados. En nuestro país, cuenta con 28 centros, 14 de
ellos hospitales, entre ellos, la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el Hospital
General de Cataluña en Barcelona, el Hospital Sur de Alcorcón de Madrid o el de
Las Tres Culturas, en Toledo. En enero de 2005, compró Ibérica de Diagnóstico
Cirugía (IDC) que era el primer grupo hospitalario privado español por 330
millones de euros. Está ya presente en siete CC.AA. y factura más de 300
millones de euros. Es el concesionario del hospital de Valdemoro y ello, junto
a la nueva zonificación sanitaria de Madrid (Área 14, Fundación Jiménez Díaz),
implica que 500.000 pacientes madrileños y más de 200 millones de euros anuales
son su volumen de negocio. En 2007, Capio fue objeto de una OPA por parte de la
multinacional Apart Partners SA (APSA), una entidad financiera de capital
riesgo con base en el Reino Unido que opera en Hong Kong y otros países.
- USP (USP
Hospitales). Posee 35 centros en España, como el Instituto Universitario Dexeus
de Barcelona (su buque insignia), el hospital San Camilo de Madrid, el Hospital
de Santa Teresa de La Coruña, el Instituto Oftalmológico de Barcelona, el
Hospital San José de Marbella.
Tiene presencia en Portugal y Marruecos.
Fundada en 1998 por Gabriel Masfurroll, cuenta con 2.500 médicos y 3.500
empleados y atiende a más de un millón y medio de pacientes al año. El pasado
año la firma británica Cinven, un gigante del sector de fondos de capital
riesgo, adquirió el grupo USP por 675 millones de euros. Un proceso similar al
ocurrido con el grupo Capio, por lo que, de esta forma, los dos principales
grupos del sector que operan en España (Capio y USP) están en manos de este
tipo de financieras de capital riesgo.
- Quirón.
6 hospitales generales en Barcelona, Madrid, San Sebastián, Zaragoza (2) y
Valencia. Prevé inaugurar otros en Barcelona, Sevilla y Bilbao. Desde 2001, su
plantilla ha pasado de 1.000 a 2.000 trabajadores, y sus ingresos, de 80
millones de euros en 2006 a 140 millones en 2007, y 200 este año. En 2011, el
grupo prevé gestionar más de 900 camas y un volumen de negocio de 400 millones
de euros.
- Grupo Nisa 7
hospitales en la comunidad valenciana. Dos en
construcción en Sevilla y Madrid.
-Grupo Hospiten y el turismo sanitario. El fenómeno del turismo
sanitario ha permitido el nacimiento de
compañías especializadas, comoel grupo Hospiten, que empezó a operar. en
Canarias y la Costa del Sol y que cuenta entre sus clientes a los operadores
turísticos. (8 centros en zonas turísticas de Canarias y Andalucía, grupo
Hospital de Madrid con cuatro hospitales en Madrid. En Barcelona, por ejemplo, recibe hasta 3.000 pacientes extranjeros al
año, que gastan unos 12,5 millones de euros, entre ellos los 500 militares
argelinos que se hacen una revisión ocular en la famosa clínica Barraquer.
Barraquer es una de las veinte clínicas privadas barcelonesas que se han
agrupado en Barcelona Centro Médico (BCM) para promover a la capital catalana
como centro sanitario
mundial. En parte, el éxito de estas
empresas obedece a sus precios competitivos: En Alemania, una operación de
cirugía para miopía con láser cuesta 5.000 euros.
3. El deterioro del sector público
Un requisito fundamental para la expansión
del sector privado es
la masificación y erosión de la sanidad pública:
largas listas de espera para intervenciones quirúrgicas, y consultas de
especialistas y pruebas diagnósticas, 5 minutos por paciente en atención
primaria, camas supletorias en las habitaciones dobles de los hospitales, etc.
Se trata de un proceso que no es inocente ni gratuito, porque busca el
descrédito de lo público y el consenso ciudadano para la privatización. Hay
pocas dudas sobre la influencia de la saturación de la sanidad pública en la dinamización
de la alternativa privada. Con una media superior a 60 días de espera para una
intervención quirúrgica y mucho mayor en la
transición entre atención primaria y hospitalaria,
más de un ciudadano que ha mejorado su nivel de vida está dispuesto a pagar por
un seguro médico, que en España no es demasiado caro. Se estima que el coste de
los seguros oscila entre un máximo anual de 1.500 euros y un mínimo de 300, con
un coste medio de 700 euros.
La erosión del sector público ha sido
generalizada, afecta a los 17
sistemas sanitarios autonómicos, con
problemas de subfinanciación, como lo muestra el bajo gasto público en
bienestar social (España 20,1% del PIB; UE-15, 27,3%), o en Sanidad Pública (
5.8%, en España, versus 7.2% en la UE 15). Pero existen, sobre todo, graves
problemas estratégicos, tales como la dependencia de las tecnologías sanitarias
(monopolio del sector privado), el vacío democrático (sin participación social
y profesional), o la orientación exclusivamente asistencialista, que no
entiende de promoción y prevención, cuando son éstas las políticas más
coste-efectivas. Hasta la fecha, las comunidades con gobiernos del PSOE no han
puesto en marcha políticas privatizadoras, pero su incapacidad para intervenir
– y corregir - los defectos estructurales de los sistemas públicos, puede tener
peligrosas consecuencias a corto plazo. En todo caso, en el momento actual, se
empieza a definir un mapa
sanitario en función de quién gobierna las
Autonomías: Las socialistas mantienen la sanidad pública y las populares apuestan
por la sanidad privada. Quizás se puede considerar, como excepción a esta
norma, el caso de Cataluña por el peso tradicional del sector privado (sólo el
34% de los hospitales son de titularidad pública), incluido el aseguramiento y formulas
mixtas en la provisión de los servicios.
Por su parte, las políticas de los gobiernos
del Partido Popular se han caracterizado por la puesta en marcha de formulas
privatizadoras de los servicios sanitarios, aunque no todas las Autonomías con
gobiernos del PP tienen la misma intensidad privatizadora. Madrid y Valencia
que, no por casualidad, tienen la financiación más baja del sector público, destacan
en este terreno, promulgando leyes de ordenación sanitaria de corte neoliberal,
desregulando y privatizando la atención sanitaria.
4. La finca de Esperanza Aguirre
Capítulo especial merece la Sanidad de
Madrid, probablemente
la Comunidad con los servicios sanitarios
públicos más deficitarios y
masificados del conjunto del Estado. En
Madrid, todo vale para atacar a la Sanidad Pública. Las imputaciones al doctor
Luis Montes y a los trabajadores del hospital público Severo Ochoa de Leganés,
no tienen precedentes en la historia de la sanidad española y han rebajado la
dignidad del ejercicio de la política hasta extremos insospechados.
Después de desmantelar los Cuidados Paliativos
de Leganés, el turno fue para el Instituto Psiquiátrico Servicios de Salud
Mental José Germain, una red considerada modélica, responsable de la atención
de más de un millón de habitantes. Con posterioridad, la supresión (decreto
2/2008) de la Dirección de Salud Pública, decisión que no es
administrativa, sino que expresa la voluntad de marginar los servicios de salud
que no ofrecen perspectivas claras de negocio, como la Prevención Primaria y la
Promoción de la Salud, ignorando su trascendencia para la población y su valor
coste efectivo.
La Comunidad madrileña vive años muy
difíciles con los hospitales
públicos saturados, creciente derivación de
pacientes a los hospitales concertados, caos en Atención Primaria (con
privatización de centros de especialidades: Pontones, Quintana y laboratorios
de apoyo) y déficit progresivo de facultativos por la huida de médicos a la
sanidad privada.
Mientras, se adjudican los servicios a
multinacionales y ONGs religiosas.
Los 8 nuevos hospitales públicos madrileños
son de gestión privada
y se trasvasan cientos de millones de euros
a los hospitales privados.
Por ejemplo, la atención sanitaria de
530.000 madrileños ya depende del Grupo multinacional Capio. Se privatizan los
cuidados paliativos a ordenes religiosas como la ONG “Desarrollo y Asistencia”,
vinculada al Opus Dei y presidida por el general jubilado José María Sáez de
Tejada.
Madrid concentra el 17,3% de las empresas
sanitarias con un incremento en el último año del 12% para una población del
13,5% del Estado.
Las medidas contempladas en la Ley 4/2006 y
Ley 7/2007 (leyes de
medidas fiscales y administrativas de
acompañamiento a los presupuestos de 2007 y 2008) abren las puertas a la
privatización de cualquier hospital, centro, órgano o unidad sanitaria pública
de la Comunidad de Madrid.
Esperanza Aguirre han generado una crisis profunda
en la sanidad pública, mientras las empresas sanitarias privadas de la
Comunidad facturaron 3.950 millones de euros en el último año. Una realidad que
reflejan las encuestas: dos de cada tres ciudadanos madrileños opinan que el
Sistema Sanitario Público regional se ha deteriorado después de las
transferencias como consecuencia de las políticas sanitarias del Partido
Popular en la Comunidad.
5. Viejos y nuevos problemas del
aseguramiento público
El aseguramiento sanitario define la
equidad de un sistema sanitario
mediante la naturaleza y extensión de la
cobertura poblacional. El SNS tiene aseguramiento público universal a través del
Régimen General de la Seguridad Social, cubre a la inmensa mayoría de la
población (más del 95%), siendo el referente de la sanidad pública española.
Constituye un gran logro de la sociedad española y es un factor básico de
cohesión y bienestar. Existen excepciones porque la cobertura no está ligada a
la única condición de ciudadanía y hay personas que, al no tener vinculación con
la Seguridad Social, no tienen derecho al SNS.
Aunque la valoración global del
aseguramiento es muy positiva, existen algunos problemas importantes que se
deben a la persistencia de Regímenes Especiales de Seguridad Social, de
Entidades Colaboradoras y de Mutuas Patronales de Accidentes. Estos regímenes
generan situaciones de privilegio de algunos colectivos, se trata de injusticias
que además tienen repercusiones negativas sobre el funcionamiento del sistema
público y reflejan inequidades de carácter estructural.
-Las Mutualidades de funcionarios civiles
(MUFACE), funcionarios judiciales (MUGEJU) y funcionarios militares (ISFAS)
cubren a una población cercana a los 3 millones de personas. Son mutuas
cubiertas por la Seguridad Social con provisión privada. No destacan por su transparencia
informativa (sus memorias no están disponibles en Internet y no ofrecen datos
de afiliados beneficiarios). Un informe del Tribunal de Cuentas desveló un fraude
de 60 millones de euros en MUFACE por pago de prestaciones sanitarias indebidas
a 100.000 mutualistas que
figuraban como beneficiarios y que tenían
tarjeta en el SNS o incluso habían fallecido. Es relevante señalar, aunque no
se pueda hacer una lectura simplista de este dato, que cada mes de enero, los
funcionarios tienen la opción de adscribirse al servicio autonómico de salud u
optar por una aseguradora privada. El 87% de ellos escoge la vía privada. Datos
de septiembre 2005.
- Las Empresas Colaboradoras de la
Seguridad Social, creadas
por Orden Ministerial de 1996, que permitió
a las empresas proporcionar asistencia sanitaria a sus trabajadores y beneficiarios,
compensando gastos con deducción de sus cuotas a la SS. Sus beneficiarios
tienen toda la cobertura de la SS y asistencia privada a través de su empresa.
La atención farmacéutica las prestaciones
complementarias y la rehabilitación siguen siendo proporcionadas por el SNS. Es evidente que se trata de una situación
de discriminación con respecto a la generalidad de la población. En el último
ejercicio presupuestario del INSALUD recibieron 18.000 millones de pesetas y, recientemente,
en 2004, la Comunidad de Madrid ha destinado a este fin un total de 30 millones
de euros. Entre las empresas colaboradoras se incluyen el BSCH, BBVA, Banco
Urquijo, Banco de España, la Autoridad Portuaria de Barcelona, el Hospital de
San Pablo, RTVE, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y la propia Comunidad
Autónoma de Madrid. Aunque otras empresas como Talgo, Gas Natural, Unión Fenosa
e Iberdrola han pasado al SNS,
las entidades colaboradoras no son pocas,
ni poco importantes.
- Mutuas Patronales de Accidentes de
Trabajo y Enfermedades
Profesionales.
Asociaciones voluntarias de empresarios, colaboradoras en la gestión de la SS,
en relación con los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales, la
prestación económica de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes y las
obligaciones derivadas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Incluyen
29 entidades que carecen de ánimo de lucro, ingresan sus excedentes de la
gestión en la Seguridad Social y están tuteladas por el Ministerio de Trabajo.
Las Mutuas atienden cerca de 2 millones de
accidentes laborales y
unos 30.000 casos de enfermedades profesionales
por lo que cuentan con un importante dispositivo sanitario propio (tanto
ambulatorio como hospitalario), aunque una gran parte de los accidentes
laborales y de las enfermedades profesionales son atendidos por el SNS, que no
recupera más que una mínima parte de los costes ocasionados.
- Doble Cobertura y Aseguramiento Privado. El rápido crecimiento del seguro privado es, sin duda, la mayor amenaza
para el SNS, por cuanto traduce una huida de las clases sociales con mayores
niveles de renta.
La sanidad privada crece sobre todo por el
seguro privado. Un sector de la población está dispuesto a invertir en la
“mejora” de su atención sanitaria a través del mercado del seguro privado. Las
motivaciones más influyentes a la hora
de elegir un servicio sanitario privado son la rapidez de la atención, la
comodidad, el trato y la información recibida. No se habla de calidad o
seguridad de la prestación. Los seguros privados pueden utilizarse bien como complemento
o como alternativa a la sanidad pública (como ocurre con los funcionarios
públicos del Estado). En el conjunto del estado el 18.90% de la población tiene
doble cobertura, existiendo grandes variaciones entre CCAA (máximo Madrid
36.83% y mínimo 6.61% en Navarra). Los porcentajes más altos, por encima del
20%, además de Madrid, están en Baleares y Cataluña. El informe anual de
consultora Aliad señala que el número de pólizas sigue subiendo cada año de una
forma regular. Hoy día es bien conocido que los grandes inversores
institucionales consideran al sector sanitario privado como uno de los valores
de refugio más seguros.
2.209.000 madrileños, de los que 400.000
son funcionarios,
desconfían o dan directamente la espalda al
sistema público. En
Madrid la opción por la privada duplica al
conjunto del estado (El
Economista,
12/03/2008).
Funcionarios Civiles MUFACE 1.594.908
Funcionarios Militares ISFAS 447.273
Funcionarios Judiciales MUJEGU 87.907
Las principales aseguradoras son Adeslas,
Sanitas, Asisa, Mapfre, Caja Salud y DKV, que concentran más del
70% del mercado del seguro sanitario. Muchas abren sus propios centros como es
el caso de Adeslas, la mayor compañía de cuidados de la salud en su doble
condición de aseguradora y proveedora de servicios, que está participada por
Aguas de Barcelona (Agbar). Adeslas, como primera aseguradora, facturó 1.231 millones
de euros el año pasado, cuenta con 12 hospitales y 300 clínicas concertadas, y
acaba de comprar tres nuevos centros hospitalarios en Vitoria y Canarias. Es la
gestora del hospital de Alzira en la Comunidad Valenciana. Por su parte,
Sanitas (propiedad del grupo británico BUPA) cuenta con 450 clínicas, doce
centros médicos y 18.000 profesionales.
Modalidades de privatización en la
provisión y gestión
En este ámbito la tendencia es inequívoca.
Así, por ejemplo, las
nuevas infraestructuras sanitarias de
carácter público son claramente minoritarias:
Las distintas modalidades de privatización
en el conjunto del Estado
se pueden resumir de la forma siguiente:
- Concesiones administrativas. La atención
sanitaria de un área, en su conjunto, pasa a manos privadas y la Administración
paga un canon anual durante treinta o más años. Se trata de una modalidad
radical de privatización, que supone el trasvase de la prestación sanitaria al
sector privado, sin opción de elección a los ciudadanos (no hay competencia
porque la concesión es un monopolio) y, según los estudios realizados, con un
notable encarecimiento de los costes.
porque la concesión es un monopolio) y,
según los estudios realizados, con un notable encarecimiento de los costes.
Esta modalidad se introdujo primero en la Comunidad Valenciana donde Alzira, en
la provincia de Valencia, fue la primera experiencia, inicialmente limitada a
la asistencia especializada, pero después se amplió a la atención primaria de
toda la comarca de la Ribera (250.000 habitantes.). La experiencia se extendió
a Torrevieja (155.000 hab.) y Denia (150.000 hab. ) y, en 2009, a Manises
(140.000 hab.) y Elche – Crevillente
(140.000 hab.). En algunos casos, incluye la atención socio-sanitaria. En la
Comunidad Valenciana, los beneficiarios son las grandes aseguradoras: Adeslas,
Sanitas, Asisa y DKV, en coalición con el sector financiero. La Comunidad de
Madrid ha seguido el ejemplo en el hospital de Valdemoro (110.000 hab.),
adjudicado a la empresa Capio, y en los nuevos hospitales comprometidos
(800.000 hab.): Carabanchel, Collado Villalba, Torrejón de Ardoz y Móstoles. En
Murcia, se proyectan dos hospitales en el Mar Menor (80.000 hab.) y
Cartagena (150.000 hab.), con la insólita
variante de que la concesión se hace al propio sector público, sin ánimo de
lucro.
Financiación Privada” que consiste,
básicamente, en que una empresa privada construye el hospital o centro de salud
y asume los servicios no sanitarios, recibiendo a cambio un canon anual durante
treinta o más años.
- Iniciativas de Financiación Privada. Del inglés PFI, de donde el modelo es originario. Según The Guardian, 13
grandes hospitales del Reino Unido con este modelo están “técnicamente en
quiebra” y en todos ellos hay graves problemas funcionales. Un grupo de
empresas privadas (UTEs) construyen un hospital y se quedan con la gestión de
la parte no sanitaria, mientras la Administración aporta
los médicos y enfermería y paga durante treinta ó más años un alquiler por el
uso del edificio y de los servicios (mantenimiento, administración, limpieza,
etc.). Quiere decir que, las empresas privadas pagan la construcción, pero
luego cobran altos intereses y hacen negocio con la parte “no-sanitaria” del
hospital.
En Madrid se han inaugurado 6 hospitales
(Vallecas, San Sebastián
de los Reyes, Coslada, Parla, Arganda y
Aranjuez) y hay otros tres
comprometidos para la actual legislatura.
La experiencia se extiende a una buena parte de las Autonomías: Burgos,
Salamanca, Mallorca, Baix Llobregat. Estos hospitales tienen menos camas, menos
personal, peor funcionamiento y calidad de las prestaciones y muy serios
problemas, a la hora de coordinarse las distintas empresas que conviven en la
misma estructura. El coste es muy superior al del modelo tradicional (de cinco a
siete veces en el Reino Unido) y el beneficio empresarial entra en conflicto
con la calidad asistencial. Se trata de una mala formula, según la Organización
Mundial de la Salud, que genera más problemas que los que resuelve. En suma,
son fórmulas que colocan el ahorro económico por delante de la salud de los
ciudadanos. En Madrid, están en una situación muy comprometida: faltan
pediatras, ginecólogos y traumatólogos, y no hay microbiólogos, analistas
clínicos, bioquímicos, inmunólogos y genetistas.
-Compra de servicios desde Atención
Primaria. Desarrollado en el Reino Unido (“Fundholders”):
los médicos de primaria tienen presupuestos con los que pagan y contratan la
hospitalización, las derivaciones a especialistas, las pruebas diagnósticas,
etc., quedándose con los superávit. Esta modalidad plantea serios problemas por
la tendencia al ahorro de prestaciones necesarias y por la gran desigualdad en
la atención sanitaria que, en consecuencia, genera. En España no se ha
desarrollado, aunque hay experiencias parecidas en Cataluña como las EBA,
empresas de base asociativa, cooperativas profesionales que gestionan centros
de salud concertando con el sistema sanitario público la asistencia de la
población.
-Gestión privada manteniendo la titularidad
pública. Tienen distintas denominaciones: Fundaciones Sanitarias, Empresas Públicas,
etc. Introducen las técnicas de gestión privada en el sistema sanitario, convirtiendo
a los trabajadores en personal laboral. La experiencia indica que funcionan con
menos personal y mayores problemas asistenciales, pero con menores costes que
los hospitales públicos tradicionales. Es otra de las formulas copiadas del
Reino Unido por el Partido Popular en Galicia y en otras seis Comunidades.
- Otras modalidades. La asistencia privada utilizando facilidades públicas, como es el caso de
“Barna Clinic” desarrollado dentro del Hospital Clínico de Barcelona. El
hospital público atiende a pacientes privados (genera dos listas de espera,
etc.). También es relevante la privatización de la alta tecnología, cuya
primera experiencia fue Medtec en Vigo, con posterior extensión a Valencia y
otras Autonomías. En La Rioja, por ejemplo, se han externalizado
servicios de radiología, banco de sangre y radioterapia.
- El efecto boomerang de la ley de
dependencia. La
entrada en escena de la Ley de Dependencia, una acuciante necesidad social, denominada
el cuarto pilar del Estado del Bienestar, aunque ha nacido con un claro déficit
de financiación, puede tener importantes efectos colaterales por la
contigüidad que existe entre la prestación social y la sanitaria. La ley abre
las puertas a la privatización de la provisión de los servicios, generando
grandes expectativas privadas. Es un verdadero filón de beneficios en el ámbito
socio-sanitario: residencias de ancianos, centros de día, viviendas tuteladas,
ayuda a domicilio y tele-asistencia.
Solamente en Castilla-La Mancha, Capio
gestiona ya cinco Residencias de Albacete, una en Cuidad Real y un Centro de
discapacitados en Ciudad Real. Miles de millones de euros pasarán directamente
de las arcas públicas a las empresas privadas. Incluso en las negociaciones de varios
convenios de los sectores privados, las patronales han defendido duraciones más
cortas –hasta ahora trataban de alargar los convenios a varios años- para poder
revisarlos con la progresiva implementación de la Ley.
6. Los gobiernos y los agentes sociales
La decisión de introducir la privatización
de la asistencia sanitaria
corresponde, en ultima instancia, a los
gobiernos autonómicos. Son el último y necesario eslabón de una decisión que es
el resultado de un conjunto de influencias, tales como las políticas
internacionales y locales, las ideológicas, las oportunidades financieras, etc.
La responsabilidad es de cada gobierno
autonómico, como consecuencia de la descentralización sanitaria,
culminada en Enero del 2002, con la creación de 17 distintos sistemas
sanitarios. Como se indicaba anteriormente, en el Estado Español se están configurando
dos mapas sanitarios, en función del color político autonómico. Pero, no
olvidemos que el neoliberalismo, ideología dominante, no nutre exclusivamente a
los partidos que conforman la nueva-derecha. La mayoría, si no la totalidad, de
los partidos socialdemócratas, han adoptado políticas neoliberales en la
economía, reestructuración de la producción y la esfera laboral, con políticas
que, en ocasiones, han sido mucho más radicales de lo que cabría esperar
incluso de los partidos conservadores. Tampoco se puede obviar que los servicios
sanitarios públicos están acosados por problemas estructurales e inercias
inaceptables que, como ya se ha señalado, no permiten, por más tiempo, una
gestión pasiva que acumula problemas y des-legitima los valores del sector
público.
En todo caso, el comportamiento, y las consecuencias
para la Sanidad Pública de los gobiernos autonómicos es sustancialmente
diferente. El actual gobierno de la Comunidad de Galicia es, al menos en
algunos aspectos, el mejor ejemplo de políticas de defensa del sector. La
clausura y devolución al sector público de las Fundaciones y de Medtec, así lo atestiguan.
Se trata de la mejor prueba de que las políticas sanitarias públicas son
posibles, incluso en el contexto actual. En el otro extremo se sitúa la Comunidad
de Madrid, cuya voracidad y velocidad privatizadora
no tienen parangón en el Estado Español, permitiendo que, en pocos años (en
2002 el 100% de la asistencia sanitaria de los madrileños era pública), más del
25% de los madrileños sean atendidos en hospitales privados o mixtos.
Con respecto a la ciudadanía y los agentes
sociales, cabe decir que
las consecuencias de los procesos privatizadores
todavía no han tenido efectos considerables, quizás con la excepción de Madrid,
sobre la atención sanitaria a la población. Fundamentalmente porque se mantiene,
hasta el momento, la gratuidad en la utilización de los recursos sanitarios.
De cualquier forma, existe, pese al apoyo que
expresan las encuestas a la sanidad pública, poca conciencia ciudadana sobre la
trascendencia de las privatizaciones sanitarias.
Cierto es que se han producido múltiples
movilizaciones ciudadanas
y profesionales en defensa de la sanidad
pública en la Comunidad de Madrid. Pero el esfuerzo de la Asociación para la
Defensa de Sanidad Pública de Madrid, la lucha de los trabajadores del Severo
Ochoa y otros colectivos, constituidos en puntas de lanza de la defensa de la
Sanidad Pública madrileña, no tiene suficiente correspondencia social. Tenemos
que depositar nuestra confianza – esperanza - en que las direcciones sindicales
y de los partidos de izquierda, asuman, como tarea prioritaria en un marco
unitario que active todas las sinergias, la necesidad de preservar el carácter
público de los servicios sanitarios.
7. A modo de conclusión
El neoliberalismo, en defensa de su
proyecto de la salud, ha ignorado las nociones más elementales de justicia
social y de libertad. En las últimas décadas vivimos la paradoja de que la
ciencia y la tecnología prometen la curación, el alivio del sufrimiento y la
salud, mientras que los intereses de la globalización consideran “las
necesidades humanas como barreras al comercio”. Abrir estas “barreras”,
privatizar la sanidad pública, es una gran perdida para los ciudadanos porque
la atención sanitaria empeorará ostensiblemente. Los modelos privatizados tienen
costes muy superiores porque a los costes del cuidado de la salud, ya elevados
de por sí, hay que añadir los beneficios que justifican el animo de lucro. Si
no se remedia, los ciudadanos se verán obligados a pagar para ser atendidos, y
los más pobres y enfermos se verán excluidos de los sistemas sanitarios, no por
capricho del destino, sino porque la estrategia neoliberal niega la salud como
un derecho de todos los ciudadanos, recogido en los artículos 22 y 25 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, para su reconversión en un negocio rentable.
El resto, a la beneficencia. Retrocedemos hacia la barbarie.
Ante un cambio de escenario, que enfrenta a
los países más desarrollados a un periodo de recesión
prolongada, hay nuevos motivos de alarma. Tradicionalmente, las crisis se han
aprovechado para remodelar los conflictos y contradicciones en el interior del
sistema capitalista, pero cabe concluir que la profundidad de la crisis actual
es de tal calado que la hegemonía del neoliberalismo es un modelo agotado. Se
abre un periodo complejo, sin alternativas definidas para la izquierda social pero
con expectativas favorables al menos en el terreno ideológico. La primera
prioridad es la denuncia del disparatado sistema capitalista y de las
concepciones neoliberales capaces de arrastrar a la sociedad al desastre, comprometiendo los niveles más
elementales de bienestar. La reclamación de la intervención del Estado para
socializar las perdidas, no puede admitirse sin contrapartidas sociales. Hace
falta pedir cuentas, oponerse al tratado de Lisboa, rechazar los recortes
sociales, impedir la degradación del sector público, etc. Son tiempos de
crisis, pero los perjudicados no pueden ser, otra vez, quienes ocupan las capas
sociales más débiles.
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