La política y los partidos. La justicia y los tribunales: ¿Quien contamina a quien?

Por Luis Domenech / Mayo 27, 2021

Leo hoy en El Diario.es un artículo de opinión firmado por Ignacio Escolar, que comienza de la siguiente manera: "Hay un problema en España con la separación de poderes. Pero no es el Gobierno quien está invadiendo competencias que no le corresponden. Es el Poder Judicial el que pretende ejercer funciones que no son suyas, quien está haciendo política, quien está excediéndose en su papel". 

No es que se pregunte de entrada el articulista que fue primero: si el huevo, o la gallina, no. Ya directamente entra afirmando que fue la gallina la que lo inició todo. Quizás el señor Escolar se olvida que si la justicia está politizada, es porque el poder político inicialmente la politizó al propiciar nombramientos de jueces politizados que los hay, quizás con la intención de hocicar en sus competencias, cuando estas chocan con sus intereses o con sus intenciones, que tanto da. El nombramiento de una ex Ministra de Justicia socialista como Fiscal General del Estado, es una buena prueba de lo que afirmo.

El Tribunal Supremo está compuesto por el Presidente del Tribunal Supremo y por un número indeterminado de Magistrados adscritos a las diversas Salas que lo integran, todos ellos nombrados por Su Majestad el rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Este a su vez tiene atribuida la potestad de nombrar al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, una vez estos han sido elegidos por el Pleno durante su sesión constituyente, por mayoría de tres quintos que se calcula sobre la mayoría de los 21 miembros del Pleno. El presidente es nombrado como digo por El Rey, mediante Real Decreto refrendado por el Presidente del Gobierno. Según sean las tendencias de cada juez, sumadas estas, se conformarán mayorías que tendrán un carácter mas conservador o mas progresista en el seno de las Instituciones.

El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.

Los jueces están adscritos a distintas asociaciones profesionales, de distinto signo político. Actualmente son seis:

• Asociación Profesional de la Magistratura.
• Jueces para la Democracia.
• Asociación Francisco de Vitoria.
• Foro Judicial Independiente.
• Ágora Judicial.
• Asociación Nacional de Jueces.

Todas ellas son de carácter conservador mas o menos marcado, a excepción de la de Jueces para la Democracia que es de carácter mas progresista. Con estos mimbres, no es de extrañar que, cuando se tocan temas de carácter político que puedan tener sesgos ideológicos, asomen las ideologías. Mas aún cuando los asuntos de carácter político que deberían de ser resueltos por las Instituciones correspondientes, no son solucionados por ellas, y estos se envían a los tribunales para que sean los jueces los que decidan. 

Cuando por un tema político como es el ejercicio del derecho de autodeterminación, este no es regulado, no se trabaja políticamente, y por actos cometidos, se convierten estos en un delito que envían a los tribunales para que los jueces sentencien, o se envía al Tribunal Constitucional para que sus miembros tomen las decisiones que los políticos no se atreven a tomar, se está mezclando la política con la Ley.

Pero hay una norma sobre todas las demás que se debe de respetar siempre: la política jamás debe de sobrepasar los limites impuestos por el ámbito de la Ley. Esto es lo que ha sucedido y está sucediendo en Cataluña.

Que "la derecha política actúe coordinada con la derecha judicial" tal y como dice Ignacio Escolar, para frenar los indultos del process, no es estrategia, es posicionamiento sobre un tema en concreto. Si las instituciones judiciales fueran de carácter progresista, ocurriría lo mismo, pero en sentido contrario por el diferente carácter que tendría la institución.

Por eso no se renuevan las instituciones como se debería. Porque podrían cambiar su carácter conservador hacia uno mas progresista, y hay demasiados asuntos de Estado, demasiada política pendiente de resolver en los tribunales,  como para luchar para que no cambien de signo las instituciones. Esa es la estrategia del PP.

En lo que se refiere a las anomalías que señala Ignacio Escolar, estoy de acuerdo con él en la primera de ellas, en que los indultos no se deben de agrupar, pues se tratan y se conceden de manera individual.

No estoy de acuerdo con la segunda, pues la falta de "arrepentimiento" y la "contumacia del penado en su desafío" si son "la mejor expresión de las razones por las que el indulto se presenta como una solución inaceptable", tal y como afirma el Tribunal Supremo. No me parece de recibo que para defender su tesis se escude Escolar en el indulto de Tejero, que se le concedió a pesar de no haberse arrepentido, por lo que fue un error en aquel entonces, que hoy, y en este caso, no se debe de repetir. 

Tampoco estoy de acuerdo con lo que afirma sobre la tercera anomalía, y  es que el Supremo reescriba su propia sentencia del procés. No lo está haciendo, entre otras cosas por que no puede. Lo que si está haciendo es interpretar su propia sentencia, para salir al paso de determinadas lecturas que divergen del espíritu con que esta  sentencia se redactó.

Sigue diciendo Ignacio Escolar: "La cuarta anomalía es ese peligroso argumento –más político que judicial– que desliza el Supremo y también el fiscal al considerar que esta medida de gracia podría ser "un autoindulto", al ser ERC un partido que en ocasiones apoya al Gobierno en el Parlamento. Por las mismas, también lo serían los indultos a los condenados del PSOE de los GAL por parte del PP, puesto que es el PSOE quien ha pactado con el PP todas y cada una de las renovaciones del Poder Judicial. O cualquiera de los muchos indultos que se han aprobado, por parte de sus propios partidos, a condenados por corrupción". 

Pues en esto si estoy de acuerdo con el, y es una consecuencia mas de la politización de la justicia. Esta es una clara contradicción con lo que se dice en el primer párrafo de este artículo, y es una prueba de que primero está la gallina. Los intereses políticos y las intenciones son las que mandan, y si tienen que invadir el ámbito judicial para lograr sus objetivos, pues hágase y punto.

Claro que "casos como éste sean la verdadera razón por la que el Partido Popular se niega a renovar el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano constitucional que nombra a todos y cada uno de los jueces del Tribunal Supremo de forma casi discrecional". Como decía un portavoz del PP: "Controlar la Sala Segunda desde atrás". Esto sucede porque es en estas instituciones en donde se esta decidiendo el futuro del país, y se está haciendo en la Sala Segunda del Tribunal Supremo porque no se está decidiendo en el Parlamento por parte de los partidos políticos. Los políticos rechazan hacer su trabajo, y le pasan la patata caliente a los tribunales. Estos sentencian, y la sentencia entonces ni les gusta ni les conviene a los políticos que la rechazan, y en algunos casos no la acatan. Y ya tenemos un conflicto jurídico-político armado.

Si finalmente el Gobierno concede los indultos, decisión política que anula los efectos de una sentencia judicial, habrá recursos diversos en la puerta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que tendrá que emitir una nueva sentencia, que anule probablemente estos. Y en este punto si que estoy de acuerdo con Ignacio Escolar cuando afirma que  "el Gobierno corre un serio riesgo: el del desastre total. Que apruebe los indultos y que después la Sala Tercera del Supremo los tumbe. No es descartable: en esa Sala la derecha también tiene la mayoría absoluta. Como en todas las demás". Es lo que puede pasar cuando el Gobierno no hace sus deberes políticos y los pone de nuevo en manos de los jueces, y ya tendremos en ese momento dos salas del Supremo metidas en pleitos políticos: la segunda, y la tercera.

Ahora me hago una pegunta: ¿Por que ocurre esto en España?

La respuesta es muy sencilla. Tenemos asuntos de Estado que resolver, pero carecemos de políticas de Estado para resolver estos asuntos, porque los partidos políticos no se ponen de acuerdo en ellas. Los gobiernos en España, desde que entramos en el Siglo XXI,  no negocian los asuntos de estado con los partidos de la oposición. Esto ocurre por varias razones: los intereses partidistas priman sobre los intereses del Estado. Se le pide a la oposición que acepte las propuestas y las leyes sin mas. No hay negociación. No hay pactos. No hay cesiones. Hay una carencia absoluta de liderazgo a nivel nacional. En España el liderazgo acaba donde cambia el color del partido. La clase política es muy mediocre, cuando no mala, y así no vamos a ningún lado. 

No es que no sepamos ponernos de acuerdo, pues negociamos la Transición y la Constitución Española, se negociaron un montón de Leyes Orgánicas, 17 Estatutos Autonómicos, mas los de Ceuta y Melilla, se negoció la entrada en la OTAN y en la Unión Europea, se acordaron los Pactos de La Moncloa, y muchas mas cosas.

Pero aún hay asuntos de estado pendientes de resolución como para llenar los dedos de las dos manos, y ni uno solo se está negociando con la oposición y con los líderes sociales, y en esto también hay una excepción: la economía y el trabajo- los ERTES-, bajo el liderazgo de las dos mejores ministras, las únicas que se salvan del desastre de Gobierno. La primera de ellas es Yolanda Díaz Ministra de Trabajo capaz de poner de acuerdo a Gobierno, Patronal y Sindicatos en una causa tan noble, y la segunda es Nadia Calviño, Ministra de Economía, la voz de España en Europa que está negociando la venida de recursos financieros a España. Lo demás, se cuece en una olla y no sale un buen caldo pobre.

Quizás la principal razón por la que tenemos este problema esté sintetizada en la viñeta de Ferrán Martín que ilustra este artículo, y que la firmó en 2015. Cada partido lo ve de distinta manera, y cada cual plantea soluciones distintas que enarbola a modo de bandera, siendo incapaces de ponerse de acuerdo para hallar una única solución para todos, bajo una única bandera: la de España.