La manía de reformar las leyes para que queden al gusto del partido gobernante

Luisondome

Congreso de los Diputados

La reforma de la Ley del Aborto que el Consejo de Ministros pretende aprobar hoy para ser enviada al Congreso,  nace con la intención de cambiar una docena de preceptos vigentes en la ley actual que particularmente molestan al ultrafeminismo mas beligerante en defensa del derecho de la mujer a decidir sobre el aborto, una decisión que consideran exclusivamente suya, en la que nada ni nadie debe interferir en lo más mínimo. Su lema es: “Sobre mi cuerpo, únicamente decido yo”.

Digamos ante todo, que la reforma de esta norma da solución a algunos aspectos que la Ley vigente no contempla, porque habían sufrido restricciones en la redacción que le dio el PP. El tratamiento de la Objeción de Conciencia en el estamento sanitario, y la incorporación de los hospitales públicos del sistema sanitario en la prestación del aborto, que son algunas de las asignaturas pendientes, para que el aborto se practique en condiciones de igualdad territorial en España y en condiciones de seguridad plena para las mujeres. También se revisan y se ponen al día los aspectos relacionados con la anticoncepción y con la educación sexual que se imparte en las instituciones educativas.

Pero antes de entrar en el análisis del contenido de la norma, recordemos que es lo que el gobierno actua, conformado por socialistas, independentistas y Unidas Podemos pretende cambiar:

• La norma pretende recuperar derechos perdidos y reconocer otros nuevos, como “el derecho a la salud menstrual”, así como acabar con “los obstáculos a los que se han enfrentado las mujeres” en el acceso al aborto en la última década. El texto descarta incluir la bajada del IVA a los productos para la regla, tras la fuerte oposición del Ministerio de Hacienda.
• Según esta norma, el Ministerio de Sanidad deberá establecer unos estándares de atención sanitaria a la salud menstrual en los centros educativos, “cuando resulte necesario”, y deben garantizar el acceso a productos para la regla, que se repartirán gratuitamente en centros de servicios sociales y cárceles. Progresivamente, todas las dependencias de los organismos públicos deberán ir adoptando esta medida.
• El texto prevé también devolver el derecho a las jóvenes de 16 y 17 años a interrumpir su embarazo sin consentimiento paterno, siete años después de que el PP de Mariano Rajoy lo eliminara.
• El texto elimina el requisito de la entrega de un sobre cerrado con información sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad, y cuyo contenido se dirige en algunas comunidades incluso a asociaciones antiabortistas, que se dará solo a petición de la mujer.
• La reforma de la ley del aborto elimina la obligación de esperar tres días para reafirmarse en la decisión de abortar, desde la recepción del citado sobre.
• La reforma refuerza el principio de equidad territorial y prestación del servicio en instalaciones públicas: establece que los servicios de salud que no puedan ofrecerlo en su ámbito geográfico deberán remitir a las usuarias a otro centro “en las mejores condiciones de proximidad de su domicilio” y obliga a que los servicios públicos “se organicen siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno” al aborto. Uno de los requisitos que establece, es que las intervenciones se lleven a cabo “en un centro sanitario público” y solo “excepcionalmente” en uno privado acreditado.
• La ley quiere ir un paso más allá con la objeción de conciencia de los médicos, que es uno de los elementos que esgrimen hospitales y comunidades enteras sin ofrecer datos al respecto para argumentar por qué no asume los abortos la sanidad pública. Para conocer el estado de la cuestión e intentar forzar a los centros a que cuenten con los profesionales suficientes, la norma obliga a cada comunidad a poner en marcha un registro de objetores, que deberán serlo tanto en el ámbito de la sanidad privada como de la pública.
• El nuevo texto del Gobierno prevé generar información sobre el itinerario para abortar, fomentar el posicionamiento en Internet de la información sobre centros públicos que prestan el servicio, la puesta en marcha de campañas de prevención, y la creación de una línea telefónica especializada.
• En el ámbito de la anticoncepción se incluye la distribución gratuita de preservativos en centros especializados, servicios sociales y en prisiones, y se establece que los centros educativos “podrán distribuirlos” durante las campañas de educación sexual que lleven a cabo.
• También prevé generar información sobre el itinerario para abortar, fomentar el posicionamiento en Internet de la información sobre centros públicos que prestan el servicio, la puesta en marcha de campañas de prevención y la creación de una línea telefónica especializada.
• En el ámbito educativo se establece la formación en salud sexual y reproductiva como parte del currículo durante toda la educación obligatoria e impartida por profesionales formados para ello. La ley aborda de manera específica la educación menstrual, que debe abordarse de manera “integral” en las aulas para intentar combatir “los mitos, prejuicios y estereotipos de género que general el estigma menstrual”, según consta en el borrador.

Estos son los principales hitos que con la reforma de la ley se quieren cambiar. Pero vayamos al fondo de la cuestión. Lo primero que hay que señalar, es que en este país no se hacen las leyes pensando en el bienestar de toda la ciudadanía para ayudar en la solución de sus problemas. Muchas leyes se reforman o se derogan y se sustituyen por otras por motivos ideológicos, lo que hace que cada vez que un gobierno cambia de color, determinado tipo de leyes de alto contenido ideológico, son el primer objetivo de reforma. La Ley del Aborto está entre estas, con lo que periódicamente, unas veces salen, y otras veces entran a formar parte de la ley determinados preceptos, o derechos si se quiere decir así, que son defendidos por la izquierda y rechazados por la derecha, o viceversa según toque.

La segunda cuestión que hay que resaltar, es que los temas que pretenden regular este tipo de leyes, nunca son considerados como asuntos de estado, lo que obligaría a los distintos partidos a alcanzar un consenso que sería bueno para la pervivencia de lo legislado, lo que evitaría reformar la ley innecesariamente, y solo cuando la norma se quedara obsoleta.

La tercera cuestión es la inseguridad jurídica que provoca el tener una legislación cambiante en función del partido que gobierna, lo que condiciona la toma de decisiones en el momento en el que la cuestión se plantea.

Por último, añadir que este tipo de reformas sobre asuntos que son fuente de controversia y que polarizan fuertemente a la sociedad, no es conveniente que se reabran cada X años para ser reformados, mas aún cuando el predominio del interés partidista sobre el interés social, es lo que impide que se lleguen a acuerdos en estos asuntos,  siendo esta la causa por la cual periódicamente se reabren las heridas en nuestra sociedad, heridas que no cicatrizan y que vuelven a sangrar. Estos temas que son tan sensibles para tanta gente, son los primeros que deberían de ser consensuados para alcanzar un equilibrio entre las partes, antes de ser enviados al parlamento. Mediante la negociación, estos acuerdos son posibles, y son muy necesarios para la estabilidad del país y la paz social.

Lo curioso del caso, es que el el momento actual, el aborto era algo que estaba ausente del debate en el ámbito social, no se hablaba del tema. Pero han tenido que llegar al gobierno las feministas podemitas para destapar la Lampara de Aladino del aborto y ponerla en el primer plano de actualidad, como si no hubiera en el tiempo presente temas mas importantes que tratar.

Pero justo en el momento en que estoy escribiendo estas lineas, me entra una información de última hora por la que me entero que “la norma, que es una ley orgánica por la que se modifica la 2/2010 vigente, entierra los retrocesos que el PP llevó a cabo con el derecho de las jóvenes de 16 y 17 años y busca llevar las interrupciones voluntarias del embarazo a centros públicos. Pero no solo es una ley de aborto, sino que va más allá y reconoce el derecho a la salud menstrual o refuerza el acceso a la anticoncepción”, según publica El Diario.es.

El Diario también cuenta que la ministra de Igualdad, Irene Montero, responsable de haber llevado a la reunión el texto junto al Ministerio de Sanidad, ha asegurado en la rueda de prensa posterior que se trata de una norma “que amplía derechos” y “da un paso decidido para garantizar” el acceso al aborto y a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, añadiendo que “Las instituciones asumimos la responsabilidad de dejar atrás los estigmas y prejuicios sobre los cuerpos de las mujeres”, ha añadido la ministra, y este es el problema: que ya estamos otra vez como al principio. Seguro que a la ministra le gusta mas esta ley que la anterior, pero seguro que le da igual lo que piensen el resto de los españoles sobre la misma. 

Yo me reafirmo en lo dicho, no es un problema de izquierdas o de derechas, es un problema de la falta de consenso político en nuestro país sobre ciertos temas, entre otros un consenso sobre el aborto. Tenemos unos políticos que son incapaces de lograr acuerdos en los temas que son sensibles para la sociedad, y por esta razón las aguas de la política se vuelven turbias y turbulentas cuando se declara la tormenta, hasta que se recupera la calma, y así hasta la próxima, pues todos sabemos que las tormentas se repiten periódicamente. Solo nos falta por conocer el nivel del cepillado que a esta norma le han de dar los Señores Diputados del Congreso primero, y el Senado después hasta su definitiva entrada en vigor.