Transformar los deseos en derechos legales puede ser peligroso

 Luisondome

Imagen: La Información

A día de hoy, solo seis países europeos tienen leyes que contemplan el derecho a la autodeterminación de género de las personas trans sin necesidad de someterse a tratamiento médico o quirúrgico: Dinamarca, Malta, Luxemburgo, Bélgica, Irlanda y Portugal. A estos países pretende sumarse España con su propia propuesta de ley para regular este derecho.

A raíz de la presentación en el Parlamento para su aprobación por parte del Gobierno del  Borrador de la Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans, conocido como Ley Trans, en España se ha desatado un debate sobre los derechos de las personas transgénero. Es una norma incluida en el acuerdo de Gobierno de Pedro Sanchez, pero que divide a los socios, PSOE y Unidas Podemos. Tal como indica la propuesta de ley, las personas transgénero son personas “cuya identidad de género no se corresponde con el sexo asignado al nacer”. Por ejemplo, un niño que se siente como el resto de niños pero ha nacido con vagina, o una niña que se siente niña pero ha nacido con pene. Parte de la controversia en la nueva Ley Trans surge por el debate sobre dos conceptos clave del feminismo: el sexo y el género.

El sexo es una condición biológica que se nos asigna cuando nacemos y viene determinado por nuestros genitales: sexo masculino o femenino, niño/hombre o niña/mujer.

Por otro lado, el género se considera una construcción social: serían todas las ideas, expectativas y características que la sociedad asigna a cada sexo de forma generalizada. Por ejemplo, que las mujeres visten con falda, se maquillan y deben depilarse, pero los hombres no.

Las personas cuyo sexo biológico coincide con su identidad de género son conocidas como personas cisgénero, mientras que las personas que sienten que su género no coincide con su sexo, son personas transgénero. También hay personas que no se reconocen en esta dualidad de opciones, hombre o mujer, y se definen según el género no binario. De estas divergencias, nace la disforia.

La disforia de género, antes conocida como Trastorno de identidad de género, es un sufrimiento inducido por la imposición social de estereotipos sexistas, que conduce al rechazo hacia el propio cuerpo sexuado. Dicho sufrimiento es acreditado por profesionales y tratado opcionalmente con modificaciones estéticas y cambios físicos sufragados por la Administración. 

El borrador de la ley engloba varios procedimientos médicos y derechos legales que hacen referencia a este colectivo, tanto en lo que afecta a los menores como a los adultos. El punto más importante es la “despatologización de la transexualidad”, es decir, el dejar de considerar la transexualidad como una enfermedad, de acuerdo con las políticas de la Organización Mundial de la Salud. Esta ley permite que una persona transexual cambie de sexo en el DNI sin realizarse una cirugía genital y sin tratamiento hormonal, pues este último puede ser prescindible por motivos de salud.

Por una parte, el Gobierno está trabajando en un proyecto de ley basado en la "autodeterminación del sexo registral". Se trataría de un nuevo principio jurídico que consiste en que cualquier persona pueda cambiar de sexo registral sin tener que presentar informes que acrediten que es transexual. Multitud de asociaciones feministas afirman que el principio de autodeterminación del sexo entra en contradicción con los derechos constitucionales de las mujeres. Sin embargo, es conveniente recordar que la Ley 3/2007 para la Igualdad Efectiva exige que la aprobación de cualquier norma se vea precedida por una reflexión acerca del potencial impacto de la misma sobre los derechos de las mujeres.

Por otra parte, la Ley Trans también incluye asistencia médica para los procesos de cambio de sexo, inclullendo el tratamiento hormonal y las cirugías. También bonificará a las empresas que contraten a personas transexuales, quienes a menudo se enfrentan a prejuicios que dificultan su entrada en el mundo laboral. 

Entre las propuestas que han generado mas polémica, está la de que los menores a partir de 16 años podrán cambiar de sexo en el registro sin necesidad de un informe ni de tratamiento médico, y entre los 12 y 16 años podrán hacerlo con el consentimiento de sus padres o tutores. Los detractores se preguntan que como es posible que a los 16 años no se pueda votar, pero si se pueda cambiar de sexo…

Los promotores de la ley sin embargo argumentan que, de este modo, se protege los derechos de los menores que quieren cambiar de género y que no cuentan con el apoyo de su familia. En cambio, los más críticos señalan que debería haber al menos un informe psicológico que respaldara esa decisión, porque la adolescencia y la pubertad son épocas muy convulsas en la formación de una persona.

Sin embargo, los nuevos y controvertidos proyectos de ley introducen un paradigma que interfiere con los derechos de las mujeres: el registro del sexo (elemento objetivo) se sustituye por el registro del género (personalidad). El sexo biológico se considera una ficción opresora, mientras que la afinidad con los estereotipos sexistas (masculinidad/feminidad) se considera la verdadera identidad de la persona, el verdadero sexo.

A partir e este punto, entran en litigio los intereses de diferentes colectivos. Las asociaciones feministas por ejemplo, tienen como principal preocupación que el cambio de nombre y/o sexo en el registro sea utilizado como una coartada para eludir condenas legales, especialmente en casos de violencia de género de hombres contra mujeres. En ese sentido, la Ley Trans establece que el cambio de nombre no alterará ninguna decisión legal previa.

Sin embargo, el colectivo feminista mas radical, insiste en que el nuevo texto supone un retroceso en las políticas de igualdad. Temen que algunos hombres puedan cambiar su identidad de género para entrar en cárceles femeninas o beneficiarse de ciertas ayudas destinadas a mujeres, por ejemplo.

Para estos sectores del feminismo, equiparar los derechos de las personas transgénero con los derechos de las mujeres supone reducir e incluso eliminar los logros de la lucha feminista a lo largo de su historia. En cambio, el colectivo trans defiende que, como mujeres (porque así es como se sienten), deben poder tener acceso a esos mismos derechos.

El feminismo ha denunciado que esta sustitución tiene un impacto negativo sobre las estadísticas que miden las desigualdades entre los sexos, sobre la integridad física de las mujeres presas, los espacios separados por motivos de seguridad, el derecho de las mujeres a la paridad política y al deporte equitativo, así como para la investigación sanitaria que contempla las diferencias físicas entre mujeres y hombres. Además, esta sustitución entra en conflicto con la prohibición de discriminación por razón de sexo, reconocida tanto en la Constitución como en la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) de las Naciones Unidas. El sexo es un hecho material que condiciona la posición social inferior que se impone a las mujeres.

Consideraciones sobre las consecuencias que pueden tener la liberalización o la limitación de estos derechos

Ni que decir tiene, que desde que se conoció el borrador de esta nurva Ley, se desató la polémica, y no solo entre los socios políticos y de Gobierno, la aplauden los colectivos Trans, mientras que las feministas recelan de su contenido, pero la polémica se extendió a otros colectivos de la sociedad. Para comprender la dimensión de este debate, conviene tener en cuenta una serie de consideraciones que hay que repasar desde el ámbito jurídico.

Según Tasia Aránguez Sánchez, Profesora en el Departamento de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada (España), las consideraciones que hay que tener en cuenta desde un punto de vista jurídico, son tres y cito:

Primer paso: la idoneidad 

Un derecho sólo puede ser limitado si hay un fin constitucionalmente legítimo que lo justifique.

¿Cuál es el derecho que va a ser limitado? El nuevo concepto, la autodeterminación de sexo, introduce limitaciones a los derechos preexistentes de las mujeres. ¿Cuál es el fin constitucionalmente legítimo que se alega para justificar su limitación? Se afirma que la "no discriminación de las personas trans", pero la eliminación de los informes médicos y psicológicos más bien supone una discriminación contra estas personas, al privarlas de una atención sanitaria de calidad que profundice en los motivos de su disforia.

Prescindir de los informes tampoco queda justificado por otros posibles fines constitucionales. La nueva legislación considera que los diagnósticos son una forma de tutelaje represivo que atenta contra la dignidad y libertad de las personas identificadas como trans. Coincidimos en que en el ámbito médico se producen pautas prejuiciosas, pero esto no se combate denostando a la profesión médica en su conjunto. Por otro lado, la disforia es una patología psicológica inducida por el sexismo social, de modo comparable a la anorexia. Como causa sufrimiento y rechazo al propio cuerpo sexuado (éste es el motivo por el que se pide la modificación registral del sexo), no debe desatenderse. No se acredita de modo suficiente que eliminar estos informes responda a un fin constitucionalmente legítimo.

Segundo paso: el medio más benigno 

Entre todas las limitaciones al derecho fundamental, se debe adoptar la más benigna con el mismo.

Como hemos señalado, lo que va a limitarse son los derechos de las mujeres que se aglutinan en el derecho a no ser discriminadas por razón de sexo y el derecho a la integridad física. Pero podríamos mencionar también la intimidad, la tutela judicial efectiva, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad, la protección de la salud y un largo etcétera (las implicaciones de la autodeterminación del sexo registral sobre las vidas de las mujeres son enormes).

Si nos centramos en alguno de los ejemplos aducidos por el feminismo, como el impacto de la autodeterminación sobre la violencia machista, observamos que cabrían soluciones de cambio de sexo registral mucho más respetuosas con los derechos de las mujeres. Por ejemplo, una solución legislativa que no permita cambiar de sexo a violadores o asesinos machistas, ni a hombres con antecedentes por violencia de género; o una legislación que revoque el cambio de sexo registral si tras este se produce un crimen de violencia contra las mujeres. Y, desde luego, cabe imaginar una legislación que no permita a los internos de centros penitenciarios ser trasladados a módulos de mujeres mediante la expresión del sexo sentido. Cabría pensar en una legislación del cambio de sexo que no borrara la existencia del biológico ni sus consecuencias jurídicas, de modo que las competiciones deportivas y las marcas en oposiciones dependieran del sexo, al igual que las estadísticas, la investigación sanitaria, la paridad y otras medidas surgidas para compensar el impacto de la división sexual del trabajo, que está estrechamente unida a las cargas de cuidados impuestas sobre las mujeres madres.

Es imposible salvaguardar el contenido esencial de los derechos de las mujeres si aprobamos leyes absurdas como las ahora propuestas, basadas en que la idea errónea de que el sexo es algo subjetivo y personalísimo. El borrado jurídico del sexo material no es compatible con mantener el contenido esencial del derecho a la no discriminación por razón de sexo.

3. Tercer paso: Proporcionalidad en sentido estricto

Cuanto mayor sea el grado de afectación de un derecho, mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. 

Ello requiere, a su vez, responder tres preguntas: 

1. ¿Cuál es el grado de afectación del principio que se ve limitado?
2. ¿cuál es el grado de importancia de la satisfacción del principio que se le opone?
3. ¿dicha importancia justifica la limitación?

Con respecto al grado de afectación, es muy alto si pensamos, por ejemplo, en el riesgo que corre una interna de un centro penitenciario si se permite que un agresor sexual ingrese en un módulo de mujeres invocando su sexo sentido, pues la indemnidad sexual no sólo de esa interna, sino de todas sus compañeras, corre grave peligro. El grado de afectación en el ejemplo del deporte también es enorme, pues introducir a un solo deportista con genética y forma física masculina equivale a permitir un caso de doping. En el deporte cada décima importa y un solo individuo con marcas excepcionales puede reventar el conjunto de la competición y desmotivar a todas las deportistas.

Permitir que cualquier hombre pueda cambiar su sexo legal mediante su mera palabra equivale a legalizar la discriminación sexual. 

En primer lugar, la ley se convertiría en la facilitadora de la discriminación y la violencia, al atar de pies y manos a las víctimas potenciales y a los operadores jurídicos. Es como si todas las medidas anti-discriminatorias basadas en el sexo llevaran incorporada una cláusula que permite saltárselas sin consecuencias.

Si nos preguntamos, en segundo lugar, cuál es el grado de importancia de la autodeterminación, retornamos de nuevo a la ausencia de justificaciones aportadas: ¿en qué mejora la vida de una persona con disforia el hecho de que se suprima la necesidad de presentar informes médicos y psicológicos? Más bien se priva a esa persona del derecho a una buena atención sanitaria (que no es la que te da la razón e incluso te facilita los medios cuando deseas dañarte, sino la que procura tu bienestar físico y psicológico respetando a la vez tu autonomía). La única ventaja racional que podría tener la supresión de esos informes es la de facilitar la burocracia, pero existirían otros medios más eficaces para agilizar el papeleo, así como para acortar las indeseables listas de espera. Eliminar los informes médicos y psicológicos carece de todo fin útil y dista mucho de poder definirse como derecho humano.

Últimamente hemos leído notas de prensa que anuncian la intención del Gobierno de aprobar la autodeterminación de sexo, acompañándola de falsas garantías como una declaración registral acompañada de un par de testigos o sucedida por una espera de tres meses. La autodeterminación implica que no se exigiría cambiar de nombre, aspecto o vestimenta y no habría que acreditar una situación estable de transexualidad (tres meses no es ninguna situación estable). 

Al eliminarse los informes médicos y psicológicos, no habría modo de comprobar posibles motivaciones espurias y carecerían de relevancia jurídica los antecedentes penales conocidos de agresión sexual, pederastia o violencia de género. Cualquier cortapisa al cambio de sexo legal se consideraría una vulneración del derecho a la autodeterminación de la identidad. Al no haber diagnóstico, tampoco se descartarían trastornos psicológicos que pudieran conducir al rechazo temporal al cuerpo (autismo, esquizofrenia, psicosis, trastorno obsesivo-compulsivo, etc.).

Para concluir, dado que no ha quedado justificada la importancia de la autodeterminación y hemos expuesto la profunda limitación a los derechos de las mujeres (que supone el borrado de su contenido esencial), hemos de concluir que la autodeterminación no cumple con el principio de proporcionalidad.

Fuentes: Borrador de la Ley Trans, La Vanguardia, Diario El País, Agenda Pública (El País),