El Tribunal Constitucional resiste las presiones del Gobierno y se pronuncia en contra de las pretensiones de Sánchez

Luisondome

Los 11 miembros del Tribunal Constitucional

Como manipular a la opinión pública construyendo un relato ad hoc de cada parte, y la lucha de ambas partes para ganar el relato ante la opinión pública

• No es lo mismo el imperio de la Ley, que el imperio de MI ley.
• La garantía de supervivencia de una democracia descansa en la separación y la independencia de cada uno de los tres poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial.
• Los poderes del Estado son contra poderes entre sí, pues su función es la del control de los unos sobre los otros.
• Las leyes, los reglamentos y los procedimientos están para ser respetados y cumplidos.

Ayer, a última hora de la noche, el TC se pronunció. Por seis votos a favor, y cinco en contra, el TC bloquea en el Senado la tramitación de una reforma legislativa que afecta a varias leyes orgánicas a la vez, al presentar un Totum Revolutum que es de entrada antiprocedimental.

Para el Gobierno se trata de “la decisión más grave del TC en su historia” que ha sido “adoptada en un tiempo inusualmente breve y con la mayoría más exigua”.

Hay que recordar que las normas, y esto lo sabe hasta el mas lerdo, responden a una jerarquía. Una ley orgánica tiene un rango superior a una ley ordinaria, y ésta se halla un escalón por encima de un los decretos legislativos y decretos leyes. En esa escalera, las normas de menor rango no pueden derogar las de los peldaños superiores, ni pueden ser modificadas mediante enmiendas a leyes de rango superior desde una ley de inferior rango, ni pueden entender sobre las materias de esas otras normas de mayor rango. Todo esto lo saben los miembros del Tribunal Constitucional, todos, y lo sabe también el Gobierno, aunque parezca que lo desconoce, y todos aquellos que se han pronunciado al efecto en estos últimos días.

¿Donde está el meollo del problema entonces?

Un acuerdo de Estado es algo que se sitúa por encima de las diferencias políticas para pensar en el interés de todos  los ciudadanos, los de uno y otro signo.

El nudo gordiano de todo este embrollo está en la falta de capacidad de los partidos políticos de acordar las políticas de Estado, una carencia que está llevando al País al abismo político. Quiero decir que ayer no se rompió el equilibrio entre los poderes constitucionales. El equilibrio se rompió mucho antes. Y esto sucede por la imposibilidad y la incompetencia entre los dos principales partidos políticos para llegar a acuerdos de estado, en asuntos que son de vital importancia para España.

Desde mi punto de vista, una de las políticas de estado que los partidos deben de acordar es la de la renovación de las Instituciones democráticas. Entre ellas está la renovación de los tribunales de justicia y de los órganos de gobierno. Como se sabe, desde hace mas de cuatro años está bloqueada la renovación de los jueces del CGPJ que tienen que ocupar las vacantes que se han producido. Este bloqueo no solo se debe al PP, porque la renovación es el objeto de la negociación, sino a que se quiere obligar a la oposición a que se acepten los vocales propuestos por el Gobierno, aunque los propuestos incumplan las condiciones. Me explico: se propone a un juez que unos meses antes era Ministro de Justicia del PSOE, algo que es improcedente.

Y las reacciones de cada una de las partes

Desde el Gobierno y sus socios

Desde Moncloa se considera que lo sucedido tiene que ver con el bloqueo del PP a la renovación de los órganos constitucionales como el propio TC, pero, sobre todo, del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato caducó en 2018 y que “el partido de Alberto Núñez Feijóo se ha negado a pactar su elección desde entonces”, algo que no es cierto, pues si que se reunieron PP y PSOE para intentar llegar a un acuerdo que casi se había conseguido, sino fuera porque en un momento determinado el PSOE metió en el paquete la reforma de los delitos de malversación y de sedición, mas un cambio en la mayoría requerida para la elección de los magistrados al TC que desde la mayoría reforzada de 3/5 de los diputados, pasaría a ser de mayoría simple, todo por un acuerdo entre ERC y PSOE a espaldas del parlamento y de la negociación que en ese momento se estaba llevando a cabo con el PP, que en ese momento rompió las negociaciones al considerar que se estaba reventando la integridad territorial del Estado por la puerta de atrás.

El pretexto para el estallido de este último escándalo político está en la pretensión del PSOE de reformar partes de Leyes Orgánicas mediante la presentación de enmiendas a proyectos de Ley que nada tienen que ver con lo que se pretende modificar. Al afectar la modificación a leyes orgánicas, este procedimiento no está contemplado en la legislación, pues solo se puede hacer mediante la presentación de un proyecto de modificación de una Ley Orgánica, que necesitaría de una mayoría reforzada para su aprobación, o mediante la presentación de un proyecto de Ley. La razón está en que para la tramitación de la modificación por alguno de estos dos procedimientos, se requieren los informes preceptivos de diversas Instituciones, como el Consejo de Estado, el CGPJ, y otros. Cuando las propuestas legislativas se presentan y se tramitan como ley, se pueden presentar enmiendas por parte de los grupos y parlamentarios para su debate y aprobación. Esta parte del procedimiento, es lo que el PSOE quiso sustraer, y lo que recurrió el PP ante el TC, al considerar que se estaba vulnerando su derecho a intervenir en la confección de nuevas leyes.

El recurso del PP, fue admitido a trámite,  no podía ser de otra manera, y dado el carácter del asunto objeto de recurso, ya que se pretendía aprobar por la vía de urgencia en el Congreso primero y en el Senado después la reforma recorrida, el TC tomó la conocida decisión que sienta un precedente en nuestro ordenamiento jurídico, y que bloquea la votación en el Senado por seis votos a favor y cinco en contra, estando ahora a la espera de conoce los votos particulares de los jueces progresistas.

Cuando el Presidente del Gobierno, sus ministros y los socios, los populistas y los independentistas dicen que este “es un conflicto entre quienes cumplimos la Constitución y quienes la incumplen desde hace cuatro años”, como remarcaba Bolaños, añadiendo que “no es un conflicto entre partidos o entre instituciones. Es un conflicto entre quienes deseamos cumplirla y quienes trabajan para incumplirla cada día”, lo que está haciendo s simplificar el problema eliminando todo lo que le estorba y que pretende superar bordeando la ley y  su legitimidad.

El titular de Presidencia denunció que el PP “quiere controlar el Parlamento cuando es mayoría y cuando no lo es”, pretensión que Bolaños comparte desde su interés en el sentido opuesto. “Con sus recursos”, dijo, aludiendo a la vía judicial adoptada por los populares contra numerosas leyes aprobadas por la izquierda, “quiere decidir qué se aprueba y qué no se aprueba”. “Hoy se ha abierto esa puerta y no sabemos a dónde nos conducirá”, como si lo que achaca al PP no fuera también achacarle al PSOE, porque desde su visión partidista, el PSOE actúa en beneficio de los españoles, mientras que el PP actúa en beneficio de sus políticas. Otro intento mas de manipular a la opinión pública echándole toda la culpa de lo que pasa al contrario.

El Ejecutivo actuará “en el marco de la ley”, dice el Gobierno, y puede que en el futuro lo haga, pero en el pasado, no hizo mas que abusar de los decretos ley, vulnerando y soterrando los procedimientos parlamentarios para la elaboración de las leyes. Varias han sido las leyes que han sido revisadas y modificadas por el TC, pero no lo han sido porque la mayoría fuera conservadora, sino porque las leyes no cumplían los preceptos legales.

Para el Gobierno lo ocurrido en el Constitucional “es de una gravedad máxima”, por un lado porque el TC “ha detenido la acción legislativa de los representantes legítimos del pueblo español, algo que nunca había sucedido en 44 años y que afecta a la separación de poderes”. “La ley no confiere al Constitucional la posibilidad de paralizar la actuación de las Cortes Generales. Esa facultad existía y en 1985 se derogó para evitar lo que ha ocurrido hoy”, señaló Bolaños.

Lo que no dicen, es que después de 1985 vino el problema de la sedición de Cataluña, y que en aquel entonces el TC también suspendió la tramitación parlamentaria de una Ley en el Parlamento Catalán, con el voto del PSC, y nada dijo entonces de lo que hoy afirma. El precedente está establecido igualmente.

Además, el ministro de la Presidencia alertó de que el tribunal de garantías “ha paralizado su propia renovación, que lleva pendiente seis meses”. “Y lo han hecho algunos magistrados con el mandato caducado que, con su voto, han decidido su propio futuro”, recordó, tras constatar que, en su reunión, la mayoría conservadora ha rechazado la recusación de los dos magistrados con el mandato caducado, el presidente, Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez.

Lo que no dice es que pese a todo, el TC con todos sus miembros sentados en la mesa es competente para decidir sobre el recurso presentado por el PP, y los dos miembros pendientes de renovación siguen habilitados para participar en la votación, pues los recursos para inhabilitarlos no han prosperado.

Finalmente, en su comparecencia ante los medios Bolaños quiso dejar claro que “el Gobierno comprende y comparte la preocupación de la ciudadanía”, lo que es solo pura retórica, pues si compartiera la preocupación de la ciudadanía habría hecho todo lo posible en su momento para lograr un acuerdo de estado sobre la renovación de los órganos de la justicia. 

También recalcó el titular de Presidencia que el Gobierno “seguirá actuando siempre en el marco de la ley y la Constitución”, además de “protegiendo” el Estado de Derecho., y esperamos que asnillos lo haga, porque hasta ahora vino haciendo todo lo contrario burlando todos los procedimientos democráticos, adaptando estos como si fueran de plastifica para alcanzar sus objetivos políticos eliminando la capacidad de intervención de la oposición.

“Así construimos la democracia y así la preservaremos. La democracia y la Constitución, al igual que la verdad, siempre se abrirán camino a pesar de las dificultades. No tengan duda”, concluyó. El remate ya parece una tomadura de pelo para los electores, pues si así construyen y preservan la democracia, Dios nos coja confesados. Es cierto que al final de todo el proceso, la verdad se abrirá camino, pero cuando así sea el PSOE habrá quedado en evidencia. No tengo la menor duda, porque el Presidente y sus socios hacen un uso espero de la verdad, con la intención de manipular a la opinión pública.

Y desde la oposición...

En el medio de todo este lío estamos los españoles escuchando el pimpampum manipulador de la opinión pública. Vengo escuchando desde ayer el runrún político de uno y otro signo. Me quedo de entre todos con una versión: la de Inés Arrimadas, y es que la parlamentaria de Ciudadanos es la única que ha sido anteriormente testigo presencial de algo parecido en 2017 en el Parlamento de Cataluña, y así lo cuenta.

Dice Arrimadas que del desastre del Process, Cataluña salió mas dividida y mas empobrecida, y dice que si el PSOE pone el grito en el cielo, es porque el TC está impidiendo que se haga lo que él quiere que haga, porque su pretensión última es mantenerse en el poder mediante las cesiones a los independentistas, y remata afirmando que Sanchez no tiene límite para salirse con la suya.

Posteriormente llegó la rueda de prensa de Núñez Feijoó, con una intervención mesurada en el tono, densa en la cronología del problema desde su inicio hace mas de cuatro años, al día de hoy, de lo sucedido en este tema a lo largo de todo este tiempo, y con la propuesta de una solución, que consiste el pedirle a Sanchez que retire la modificación de los delitos de sedición y malversación de su tramitación y la posponga para mas adelante, para no cruzarla con la renovación de las vacantes judiciales el los altos tribunales. Lo que le pide en definitiva es que no se politice esta renovación, para que no resulte politizada la justicia. Algo que parece muy razonable. Feijoó sale en defensa del TC al decir que con su decisión no bloquea el parlamento, sino que lo defiende al defender los derechos de las minorías, tan y como propugna la Constitución Española.

Al final veremos como acaba todo esto, pero ya se que nos esperan tiempos turbulentos para la política, cuyo ruido va in crescendo, y lo que espero, es que los ánimos de los ciudadanos permanezcan atemperados. Np queremos que esto acabe como en 2017 en Cataluña. No está el país para estos trotes. Pronto los españoles tendremos la oportunidad de elegir nuevos representantes, por lo que tendremos la oportunidad de echar a los que no nos valen y sustituirlos por otros mas capacitados.