En el Día de la Constitución Española

Luisondome

La Constitución Española de 1.978

• La Constitución es  nuestra Ley Fundamental que nos da cobijo a todos los españoles.
• La Constitución también se utiliza para agredir al adversario político.

La Ley

En el Preámbulo de nuestra Ley Fundamental, aprobada por referéndum en 1978, se dice lo siguiente:

• La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: 
• Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. 
• Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular. 
• Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. 
• Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. 
• Establecer una sociedad democrática avanzada, y 
• Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. 

El Título VII de la Constitución es el que determina como debe de ser la constitución, el funcionamiento y el gobierno de los Juzgados y Tribunales, incluido el Consejo General del Pode Judicial. El apartado 3 del Artículo 122 de nuestra Constitución, dice lo siguiente:

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión. 

La Constitución y la Justicia: Como se ha ido deteriorando el Poder Judicial en esta Legislatura

La situación de la Justicia

A lo largo de esta legislatura, se han venido produciendo vacantes en diversos altos tribunales del Estado, unas por fallecimiento, otras por dimisiones del cargo, otras por jubilación. El retraso en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la falta de acuerdo político entre el PSOE y el Partido Popular, entre Gobierno y Oposición, afecta ya de manera preocupante a la situación de las salas de gobierno de los tribunales, por la imposibilidad de renovar a los cargos de la cúpula judicial que se van jubilando.

Desde que en Diciembre de 2018 se iniciaron las negociaciones entre PSOE y PP para renovar los cargos vacantes en los altos tribunales del Estado, la imposibilidad de alcanzar acuerdos entre ambos partidos, ha logrado que los Organos de Gobierno de los jueces tengan bloqueadas sus capacidades de nombramiento, salvo para los dos Magistrados del Tribunal Constitucional que se renovaron en Septiembre.

Esta situación de interinidad ha llegado a tal punto, que a día de hoy hay amenos 69 vacantes en los altos tribunales del Estado.

La ruptura de las negociaciones entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es mucho más que un desencuentro político. Afecta al funcionamiento de toda la judicatura. El órgano de gobierno de los jueces lleva cuatro años con el mandato caducado y casi 20 meses sin realizar nombramientos. Se lo impide una reforma legislativa que aprobó el Ejecutivo Socialista para evitar que designara nuevos altos cargos mientras siguiera en funciones. Posteriormente, el Grupo Socialista presentó esta proposición de ley el pasado 24 de junio con el objeto de enmendar parcialmente la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) aprobada en marzo de 2021 a iniciativa del Gobierno, la cual impide que el CGPJ pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial con el mandato vencido, situación en la que lleva desde diciembre de 2018.

La tramitación de la modificación normativa se llevó a cabo mediante el sistema de lectura única, lo que supone que no pasó ni por la ponencia, ni por la Comisión de Justicia, y remitió el texto al Senado, para su aprobación definitiva en la siguiente semana.

Como consecuencia de lo dicho, existen esas 69 vacantes en la cúpula judicial y un Tribunal Supremo al borde del colapso que dicta hasta mil sentencias menos al año. Esta situación  es insostenible, pues cuenta con 17 plazas sin cubrir de las 79 que lo conforman, a las que pronto podrían sumarse tres nuevas bajas, lo que supondría que el alto tribunal tendría sin cubrir el 25% de sus puestos.

Pero no son estos altos Tribunales los únicos que preocupan. Hay mas. 

• En la Sala de lo Contencioso-Administrativo La ley señala que debe estar compuesta por 33 magistrados, presidente incluido, pero en estos momentos apenas cuenta con 24 miembros, nueve menos de lo establecido. A finales de año se producirá una nueva baja, ya que está prevista la jubilación de un nuevo Magistrado.
• La Sala de lo Militar conserva seis de los ocho magistrados que deben componerla. Dentro de un año serán cinco, ya que producirá una nueva jubilación. 
• En la Sala Cuarta, de lo Social también se prevé que las vacantes aumenten . En concreto, si se mantiene la situación actual, en octubre de 2022 llegarán a suponer el 38% de su plantilla de magistrados –incluyendo a su actual presidenta–, de acuerdo con el informe del Supremo.
• La Sala de lo Civil cuenta con nueve miembros, por lo que solo tiene una vacante.
• La Sala de lo Penal conserva a sus 15 magistrados, pero sufrirá la primera salida en abril con la jubilación de Miguel Colmenero.

Si a este panorama, le unimos lo que sucede en los Tribunales Autonómicos, el retrato es mucho mas sombrío. Veamos:

• Tenemos que sumar las plazas sin cubrir en la cúpula judicial territorial: tribunales superiores, audiencias provinciales y hasta una en la Audiencia Nacional. Hay un total de 52 de puestos que no cuentan con su titular, según los datos aportados por el CGPJ. De la mayoría de las plazas desiertas, nueve están en Andalucía. Entre ellas, la presidencia de su Tribunal Superior de Justicia y los presidentes de la Sala Social del citado tribunal tanto en la sede de Sevilla como en la de Granada.
• En Castilla y León existen seis vacantes, entre ellas la del presidente del Tribunal Superior de Justicia regional. Lo mismo que en La Rioja, donde las bajas llegan a cinco. En Aragón, Canarias y Castilla-La Mancha están sin cubrir cuatro altos cargos de la Justicia. Valencia, País Vasco, Murcia y Cataluña tienen tres vacantes, mientras qu Madrid y Extremadura solo dos. En el resto de autonomías falta uno.

Consecuencias de la situación actual de la Justicia

Pues que la falta de cobertura implica que se dicten mil sentencias menos al año entre las cinco salas del Supremo y se alarguen los tiempos de respuesta en las cuestiones de fondo. Se retrasan también las decisiones de inadmisión, que son numerosísimas, y que según un informe del Tribunal Supremo, "se cuentan por varias decenas de miles al año, con el grave perjuicio que ello supone tanto para el justiciable como para la imagen de la Justicia en la conciencia ciudadana”, añade el documento.. La situación tiene una enorme repercusión en todos los niveles de los escalones jurisdiccionales.

La renovación de los miembros del Tribunal Supremo depende de que se alcance un acuerdo entre los principales partidos para renovar el CGPJ. Según recoge el artículo 345 de la Ley del Poder Judicial, para que un magistrado pase a formar parte del Tribunal Supremo y cubra una de sus vacantes, tendrá que reunir “méritos suficientes a juicio del Consejo General del Poder Judicial”. Por lo tanto, el rol del CGPJ en el nombramiento de los magistrados del Supremo “es de actor principal”. No obstante, las capacidades del Consejo fueron limitadas en 2021 a través de la ley sobre el régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones, como ya se dijo antes.

La pregunta entonces sería: ¿A quien o quienes podemos señalar como culpables?

Un bloqueo de esta renovación por la falta de un acuerdo entre el PP y el PSOE que se acusan mutuamente, es la causa, ya que su renovación necesita de mayoría cualificada de tres quintos de las Cámaras, y es lo que esta ocasionando este patrón de nuestro Sistema Judicial. Cuando uno escucha a los políticos, se comprueba que unos le echan la culpa a los otros y viceversa. Invierten mas tiempo en acusarse mutuamente, que en negociar una solución, y así nos va. 

¿Y cuales son las razones? 

Pues el poder mantener bajo control el Poder Judicial desde el Poder Político en ejercicio. Este es el fondo del problema. El PP se niega a renovar los cargos del CGPG, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo porque hasta el presente disponía de una mayoría conservadora que no quiere perder, porque por sus sentencias puede cambiar y suprimir el sentido de ciertas leyes por parte del Tribunal Constitucional, o influir en el sentido de ciertas sentencias dictadas en el Tribunal Supremo, por lo que dada la mayoría que presenta el Gobierno en el Congreso, que le permitiría sacar adelante los candidatos propuestos por la izquierda, si lograra la renovación de estos cargos, obtendría la izquierda el control de los altos tribunales.

En cambio el Partido Popular, lo que pretende es retrasar el proceso hasta que tras unas nuevas elecciones, que piensa puede ganar, si lograra tener una mayoría del voto conservador en el Parlamento, le permita una renovación de los tribunales que mantendrían el predominio conservador de estos, y por tanto tendrían el control del sentido de las sentencias que se dictaran. 

Este es el meollo de la cuestión, que solo se podría evitar si los políticos sacaran sus sucias manos de los asuntos judiciales, y dejaran que los jueces eligieran entre ellos a los mas aptos para cada vacante a designar, pero esto haría que los políticos perdieran toda capacidad de control sobre los Organos de Gobierno de la Judicatura, que es mucho perder, y sobre lo legislado por el Parlamento Nacional y los Parlamentos Autonómicos, que no olvidemos son los Tribunales el Tercer Poder del Estado, por lo tanto un contrapoder del Ejecutivo, que se supone es independiente del anterior, y digo que se supone, porque actualmente de independiente tiene mas bien poco.

El caso es que una de las razones por la que existe la política, es para resolver problemas como este de la Judicatura, pero ”Spain is diferent”, nos señalan desde el exterior, y bien que nos aplicamos el dicho. La política, o mejor dicho, los políticos de uno y otro signo, nos han metido en este embrollo que está dañando la convivencia en el país, que se está polarizando también en esto peligrosamente, por la incompetencia de unos y otros para alcanzar acuerdos que serían muy buenos para España, pero sobre todo para aquellos españoles que están esperando por una resolución judicial de su problema. 

No hay derecho, y lo digo en ambos sentidos, en el de que si no hay justícia, el derecho no puede aplicarse, y en el de que los españoles tenemos el derecho a recibir justicia de los tribunales, pues nuestra Constitución, tal y como dice en su Preámbulo, "garantiza la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo, y consolida un Estado de Derecho para asegurar el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular", y esto es precisamente lo que no tenemos asegurado los españoles en este momento.

De nuevo me repito a mi mismo la pregunta anterior:  ¿A quien o quienes podemos señalar como culpables? 

Pues creo que esta culpa debemos de asumirla los españoles, todos nosotros, porque todos somos electores con nuestro voto. Somos nosotros los que elegimos a los que hacen las leyes, somos nosotros los que elegimos a quienes nos gobiernan. Si elegimos a los mas incompetentes, lo que podemos esperar de ellos es incompetencia. Si eligiéramos mejor la próxima vez, si procuraremos "no meter en el corral a un zorro que se pueda comer a los pollitos", no tendríamos este grave problema. Pero está en nuestra mano la solución: votemos mejor si hay a quien votar, y si no, quedémonos en casa y que Dios se apiade de España, de nuestra Constitucion, y de los españoles.